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El director de la Policía Nacional Civil, el ministro de Defensa y el ministro de seguridad salvadoreño presentaron la solicitud de prórroga ante la Asamblea.

El director de la Policía Nacional Civil, el ministro de Defensa y el ministro de seguridad salvadoreño presentaron la solicitud de prórroga ante la Asamblea. | Foto: @PNCSV

Publicado 15 octubre 2022



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La asamblea salvadoreña aprobó otro mes sin derechos constitucionales para librar la guerra contra las pandillas.

Con 67 votos a favor y 14 en contra, los diputados a la Asamblea Legislativa de El Salvador aprobaron el viernes la séptima prórroga del régimen de excepción en esa nación centroamericana.

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La suspensión de las garantías constitucionales de los salvadoreños vigente desde finales de marzo ha permitido 214 días arrestar a alrededor 55.000 pandilleros, señaló en declaraciones previas a la votación el ministro de Justicia y Seguridad Pública, Gustavo Villatoro.

Según Villatoro, los resultados han sido innegables, con el decomiso a los grupos criminales de 1.644 armas, 1.24 millones de dólares, 2.026 vehículos y 12.842 teléfonos celulares.

El funcionario explicó que la decisión de solicitar la nueva prórroga a la Asamblea partió el día anterior desde el Consejo de Ministros.

“Si bien es cierto que es una decisión del Consejo de Ministros, viene apalancada precisamente por esa necesidad de los millones de salvadoreños que han sido testigos de todos los resultados positivos que se han obtenido”, aseguró Villatoro.

La Constitución de El Salvador dice que la prórroga de suspensión de las libertades universales, no deben exceder un plazo de 30 días y se podrían ampliar si persistieran las causas que generaron tal decisión.

Los diputados oficialistas del presidente Nayib Bukele y sus aliados, entre ellos Villatoro, argumentan que la medida “nos ha permitido como país poder salir de esa lista negra internacional en la que nos encontrábamos”.

“Hace menos de cuatro años éramos uno de los países más violentos del mundo”, sentenció el ministro.

A pesar de los resultados expuestos por el Gobierno salvadoreño, organizaciones defensoras de Derechos Humanos han criticado la prórroga del estado de excepción debido a las denuncias de arrestos ilegales y supuestos actos de tortura contra los detenidos.


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