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"Vamos bien en la conversación. En este proceso de negociación hemos llegado a un acuerdo de que la base del presupuesto de 2022 se mantendrá para 2023, sin rebajo", afirmó la titular de educación.
Organizaciones estudiantiles universitarias de Costa Rica se manifestaron este miércoles contra políticas de posibles recortes a la educación que está implementando el Gobierno presidido por Rodrigo Chaves.
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Ante las multitudinarias protestas, el Ejecutivo se reunió con los rectores de varias universidades y desistió en su intención de restar el 23 por ciento del presupuesto a universidades públicas.
Estudiantes y docentes de la Universidad de Costa Rica (UCR), la Universidad Técnica Nacional, el Instituto Tecnológico de Costa Rica, la Universidad Nacional y la Universidad Estatal a Distancia, se trasladaron desde la sede de la UCR hasta la Casa Presidencial.
En el encuentro donde se desistió mantener en 2023 el mismo presupuesto educativo que en 2022, fue encabezado por la ministra de Educación, Anna Katharina Müller y el titular de Hacienda, Nogui Acosta.
"Vamos bien en la conversación. En este proceso de negociación hemos llegado a un acuerdo de que la base del presupuesto de 2022 se mantendrá para 2023, sin rebajo", afirmó Müller al finalizar el intercambio.
Asimismo, medios locales señalaron que este miércoles los rectores y ambos titulares se volverán a reunir para analizar y aprobar un incremento del presupuesto debido al alto costo de la vida.
Durante la manifestación, los estudiantes sostuvieron que no quería que bajo ningún pretexto se tuvieran que quitar las becas ni la educación se viera como mercancía, al tiempo que exigieron al Gobierno de Chaves que, para el año próximo, al menos se mantenga la cantidad aprobada para el 2022 de cerca de 829 millones de dólares.
El pasado lunes, la ministra de Educación aseguró ante medios nacionales que reconoce la importancia de las Universidades Públicas para Costa Rica, pero que la nación atraviesa problemas financieros por lo que es necesario dialogar.
Cabe mentar que la Constitución Política costarricense señala que el presupuesto para el sector educativo debe corresponder al 8 por ciento del producto interno bruto (PIB), valor que se debe compartir entre el Ministerio de Educación (que atiende desde el preescolar hasta la secundaria), las cinco universidades públicas y otras instituciones.
