Corte israelí aprueba expulsión de palestinos de Cisjordania

El Tribunal Supremo de Justicia de Israel aprobó la noche de este miércoles el desalojo por parte del Ejército de unos 1.300 palestinos residentes en 12 comunidades de la zona de Masafer Yatta, distrito de Hebrón, al sur de la Cisjordania ocupada.

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Se trata de aldeas rurales, con la ganadería como principal fuente de sustento, y población a la que se le confiscarán aproximadamente unas 3.000 hectáreas, las cuales de manera arbitraria se destinarán a la construcción de asentamientos para la expansión de colonos israelíes.

Esta franja de Cisjordania fue declarada como zona militar israelí cerrada para entrenamientos desde la década del los 80 del pasado siglo. De ahí que se le conozca como Zona de Tiro 918. Este estricto control por parte del régimen sionista, durante años ha estado acompañado de reiteradas violaciones contra civiles y el ganado por parte de uniformados y colonos.

Como dan fe, las crecientes demoliciones de viviendas y otros inmuebles de carácter residencial, establos; así como también la negativa por parte de Israel de concederles permisos de construcción a los palestinos moradores de dicha área.

En tal sentido, el alcalde de Masafer Yatta, Nidal Younes, expresó que la corte israelí para emitir su fallo ignoró pruebas y hechos presentados por las familias palestinas victimizadas durante más de 20 años de conflicto, y que dan fe de que han residido en dicho enclave por generaciones, incluso desde antes del año 1980.

Mientras, la organización israelí de derechos humanos B'Tselem condenó la decisión del tribunal, la cual da luz verde al desplazamiento forzado de cientos de palestinos, “con el claro propósito de apoderarse de sus tierras al servicio de los intereses judíos".

Además, calificó el veredicto como un hecho carente por completo de justicia, y remarcó que “la decisión deja claro que no hay crimen que los jueces del alto tribunal no encuentren la manera de legitimar”.

Como mecanismo legitimador de la supremacía del régimen sionista sobre el pueblo palestino, distorsionando en este caso, al igual que en otros, la sentencia, y colocando a los palestinos en rol de infractores "ilegales".

Por lo que hizo un llamado a la comunidad internacional para impedir este desplazamiento forzado de comunidades palestinas por parte de Israel, lo cual califican de un delito; al tiempo que instan a que, en caso de materializarse el desalojo, rindan cuentas los altos mandos militares que lo ejecuten, los jueces del tribunal supremo, y los miembros del Ejecutivo que ampararon tal determinación.

Asimismo, la Alianza por los Derechos Humanos, grupo de activistas aliados para documentar los abusos contra los derechos humanos en Palestina, inició una campaña en línea para salvar a las comunidades de Masafer Yatta; en lo que calificaría como una de las mayores expulsiones llevadas a cabo por el sionismo en las últimas décadas.