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Militares mantienen el control en Myanmar tras el golpe de estado en febrero del 2021.

Militares mantienen el control en Myanmar tras el golpe de estado en febrero del 2021. | Foto: EFE

Publicado 28 julio 2022



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La junta militar  de Myanmar llevó a cabo las primeras ejecuciones después de muchos años en el país asiático.

El Consejo de Seguridad de la ONU rechazó este miércoles la ejecución de cuatro activistas políticos opositores a la junta militar gobernante en Myanmar.

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“Los miembros del Consejo de Seguridad condenan la ejecución de activistas de la oposición el fin de semana por los militares”, indicó el comunicado, y pidió la liberación inmediata de la depuesta líder Aung San Suu Kyi.

Entre los sentenciados se encontraba el exdiputado de la Liga Nacional para la Democracia, Phyo Zeya Thaw y el activista por la democracia, Kyaw Min Yu, conocidos detractores de la Junta.

“Saludamos al Consejo de Seguridad de la ONU por la condena a la ejecución de los activistas prodemocracia”, dijeron a través de Twitter algunos miembros del opositor Gobierno de Unidad Nacional (GUN), a la vez que pidieron que el Consejo “tome acciones concretas contra la junta”.

El GUN fue declarado terrorista por la junta en el poder debido a que está liderado por seguidores de Suu Kyi y su partido.

Días atrás, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos Michelle Bachellet también había condenado enérgicamente los hechos, pues los militares desoyeron las reiteradas peticiones de las Naciones Unidas y la comunidad internacional para aplicar la sentencia de muerte.

“Este paso cruel y regresivo es una extensión de la actual campaña represiva de los militares contra su propio pueblo”, enfatizó Bachellet, quien concluyó: “Que los militares amplíen su matanza sólo profundizará la crisis que ellos mismos han creado”.

Igualmente, el relator especial de Naciones Unidas sobre la situación de los derechos humanos en Myanmar, Tom Andrews, había dicho que “las personas fueron juzgadas, declaradas culpables y sentenciadas por un tribunal militar sin derecho a apelación y, según informes, sin asistencia de un abogado, en violación del derecho internacional de los derechos humanos".


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