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Las víctimas de las esterilizaciones forzadas han exigido justicia durante casi 20 años.

Las víctimas de las esterilizaciones forzadas han exigido justicia durante casi 20 años. | Foto: Nodal

Publicado 3 marzo 2022



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Se practicaron a más de 200.000 mujeres indígenas durante el mandato presidencial de Alberto Fujimori (1990-2000).

Tras casi 20 años de espera, en Perú comienza este jueves el juicio contra tres exministros de Salud por las esterilizaciones forzadas a más de 200.000 mujeres indígenas durante el mandato presidencial de Alberto Fujimori (1990-2000).

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Se enjuiciará a tres exministros de Salud por la práctica de dicha cirugía sin consentimiento de las víctimas, hechos que ocurrieron entre 1996 y 1998.

Se prevé que al banquillo de los acusados suban Eduardo Yong Motta, Marino Costa Bauer y Alejandro Aguinaga. Este último es actualmente congresista del partido Fuerza Popular, que representa al fujimorismo.

De acuerdo con reportes de prensa, serán investigados como autores mediatos (con dominio del hecho) de delito contra la vida, el cuerpo y la salud, lesiones graves, seguidas de muerte, en un contexto de grave violación de derechos humanos.

Se considera que impulsaban las esterilizaciones forzadas como una práctica sistemática para disminuir la tasa de natalidad y reducir la pobreza.

Las esterilizaciones se practicaron a mujeres de escasos recursos, pertenecientes a comunidades indígenas.

La Constitución peruana señala que los derechos reproductivos y sexuales de las mujeres han de ser consentidos e informados, algo que no respetó en este caso.

Durante una conferencia de prensa, este miércoles, víctimas del caso pidieron al Fiscal de la Nación y a la Presidenta del Poder Judicial “que se garantice una investigación independiente, imparcial, libre de discriminación”.

Además, exigieron “que se garantice los derechos de las víctimas en el plazo de la ley para que se sepa la verdad y podamos ir a juicio”.

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos (Cnddhh) y la organización Estudio para la Defensa de los Derechos de la Mujer (Demus) también exigieron que se inicien los trámites para ampliar la extradición de Fujimori.

El exmandatario, quien fue detenido en Chile en 2005 y extraditado desde ese país, cumple una condena de cárcel de 25 años por delitos de lesa humanidad, y su proceso judicial respecto a las esterilizaciones forzadas se mantendría suspendido.

De acuerdo con expertos, se debe aguardar a que la Justicia chilena acepte ampliar los cargos de la extradición e incluya entre ellos el de promover de modo consciente y deliberado las esterilizaciones forzadas.


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