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Las comunidades rurales colombianas siguen sometidas por grupos armados que les imponen cultivos ilícitos.

Las comunidades rurales colombianas siguen sometidas por grupos armados que les imponen cultivos ilícitos. | Foto: UNODC

Publicado 26 junio 2019



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La ausencia del Estado colombiano en vastos territorios del país, así como su negligencia en el cumplimiento de los compromisos contraídos tras los Acuerdos de Paz, ha dejado sin respuesta a la mayoría de las comunidades donde prolifera la producción de coca.

Según el informe anual de drogas que realiza la Organización de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), más del 70 por ciento de la cocaína que se consume en el mundo es producida por Colombia.

LEA TAMBIÉN:

ONU: Más del 70% de la cocaína del mundo se produce en Colombia

El martes pasado, la jefa de investigación de la UNOCD, Angela Me, presentó un detallado informe sobre la producción y consumo de estupefacientes alrededor del mundo, que refleja un incremento en la producción mundial de drogas y en las muertes asociadas a su consumo.

El dato relevante arrojado por el estudio informa que Colombia produce el 70 por ciento de la cocaína que se consume en el mundo, mientras que Estados Unidos (EE.UU.) es, nuevamente, el mayor consumidor.

Ausencias de los Estados

La ausencia del Estado colombiano en vastos territorios del país suramericano, así como su negligencia en el cumplimiento de los compromisos contraídos tras los Acuerdos de Paz, ha dejado sin respuesta a la mayoría de las comunidades donde prolifera la producción de coca.

Se calcula que cerca de 450 mil familias están en las zonas de producción, sin ningún tipo de alternativa a la siembra ilegal, bajo amenaza constante de grupos mafiosos quienes se benefician por la venta de droga.

El otro eslabón de la distribución se da en EE.UU. El pasado marzo, el presidente, Donald Trump, cuestionó a su homólogo Iván Duque al afirmar que más drogas estaban ingresando a EE.UU. desde que este asumió como presidente de Colombia.

Trump, incluso, amenazó con llegar más lejos al afirmar en 2017 que eliminaría la certificación de Colombia como país comprometido en la lucha antidrogas. Más precisamente advirtió con poner al país cafetero en la lista negra donde figuran las naciones que incumplen sus compromisos internacionales contra el narcotráfico.

 

El reciente informe de la ONU sostiene que EE.UU. sigue siendo el país de mayor consumo de cocaína del mundo. Puesto que ha ocupado de forma consecutiva durante las sucesivas gestiones de mandatarios demócratas y republicanos.

Las políticas para atacar la distribución de drogas en el país del norte, se han mostrado ineficaces durante años para reducir la venta y el consumo en territorio estadounidense.

Incumplimiento de promesas tras los Acuerdos de Paz

Tras la firma de los Acuerdos del Proceso de Paz con la exguerrilla de las FARC-EP, en noviembre de 2016, las comunidades rurales colombianas siguen sometidas a los cultivos ilícitos que les imponen los grupos armados que operan en la distintas regiones del país.

Pese a una profusa propaganda del Gobierno colombiano, en la práctica no ha habido respuestas a gran escala para la sustitución progresiva de cultivos ilegales. Las únicas propuestas de las autoridades han ido desde la erradicación lisa y llana, a las fumigaciones con glifosato, éste último agente químico provocador del cáncer.

Vulneración de derechos y asesinatos de líderes sociales

Los sectores que han intentado organizarse alrededor de ésta situación son vulnerados de manera sistemática en sus Derechos Humanos (DDHH). El aumento de asesinatos de líderes sociales en Colombia se ha convertido en moneda corriente.

El Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz), afirma que desde el año 2016 han sido asesinados 726 líderes y defensores de Derechos Humanos.

Entre los reclamos de los activistas está el derecho a la tierra, a vivir una vida digna y sustentable en lo económico, a participar en política, a ser reconocidos como interlocutores válidos por el Gobierno y a promover los procesos de sustitución de las economías ilegales en sus territorios.


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