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Desde la firma del Acuerdo de Paz, al menos 303 líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos, junto a 173 ex guerrilleros de las Farc, han sido asesinados.

Desde la firma del Acuerdo de Paz, al menos 303 líderes sociales y defensores de los Derechos Humanos, junto a 173 ex guerrilleros de las Farc, han sido asesinados. | Foto: EFE

Publicado 31 marzo 2020


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Desde la firma en 2016 del Acuerdo de Paz entre el Gobierno y las FARC, Colombia ha sufrido un repunte de la violencia.

El excombatiente de las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), Juan Carlos Castillo, fue asesinado en el departamento de Putumayo, en el sur de Colombia, ante la ola de violencia que sufre el país.

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La Red de Derechos Humanos de Putumayo ha informado que "el asesinato habría ocurrido en días pasados", si bien su cuerpo ha aparecido en las últimas horas "sobre los límites del resguardo Kwisna Cxhab y la vereda de Alto Lorenzo, en el corregimiento la Carmelita del municipio de Puerto Asís".

Castillo era un miembro del Espacio de Capacitación y Reincorporación (ETCR) Heiler Mosquera Carmelita, en Putumayo. Los ETCR se crearon, precisamente, para garantizar que los exinsurgentes de las FARC-EP dieran el paso a la vida civil con seguridad.

Además, han aparecido los cuerpos de "una mujer y dos hombres jóvenes que serían de origen venezolano y habrían llegado hace menos de una semana al municipio" de Puerto Asís.

"Ante este nuevo asesinato contra personas de nacionalidad venezolana, se debe mencionar la presencia en el centro urbano de Puerto Asís de panfletos amenazantes en contra de la población venezolana, alarmas que no han sido atendidas", ha denunciado la Red de Derechos Humanos de Putumayo.

La ONG colombiana también denunció la ausencia de garantías y seguridad en los territorios donde existe presencia de la Policía y el Ejército, por lo que ha subrayado que "no es suficiente para evitar o prevenir que estos casos se sigan presentando".

Asimismo, se exhortó a las autoridades que revisen y replanteen la estrategia de seguridad, "ya que las prácticas de militarización al parecer no sirven y, por lo contrario, solo aportan a empeorar la inseguridad en el departamento".


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