Boletines
Opacidad
Opacidad
Señal en Vivo
Solo Audio
El Gobierno de Duque se ha caracterizado por inmiscuirse en los asuntos internos de países como Venezuela, dejando a un lado las problemáticas de su nación.
En el marco del primer aniversario de la elección de Iván Duque como presidente de Colombia por el partido Centro Democrático, liderado por el exmandatario Álvaro Uribe (2002-2010), la población tiene más demandas ante el incumplimiento de obligaciones, aumento de la violencia y la falta de garantías constitucionales.
LEA TAMBIÉN:
Continúa el exterminio de líderes sociales en Cauca, Colombia
El Gobierno de Duque se ha caracterizado por inmiscuirse en los asuntos internos de países como Venezuela, dejando a un lado las problemáticas que el pueblo ha denunciado y exigido que solucione.
Además, su inacción ha dejado un récord histórico de impopularidad que arrastra desde sus primeros meses en el Palacio de Nariño, sede del Ejecutivo.
Con 100 días de mandato, la opinión generalizada entre figuras de la política colombiana era que Duque no había logrado establecer una línea definida de hacia dónde pretendía llevar al país.
“Llevamos estos tres meses sin una narrativa clara, en el Congreso no hay un liderazgo claro de cuál es la agenda legislativa que quiere promover el Gobierno”, comentó la representante de la Cámara del partido Alianza Verde, Juanita Goebertus, en diciembre de 2018.
Respecto al proceso de paz iniciado durante el Gobierno de Juan Manuel Santos, Duque puso en entredicho la transición de Colombia hacia un período de posconflicto, al plantear la modificación de los términos de las negociaciones del Acuerdo de Paz con el ahora partido Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC).
El senador @IvanCepedaCast denunció como el partido de gobierno, Centro Democrático, busca mediante proyectos de ley entorpecer la implementación del acuerdo de Paz, perjudicando así a las víctimas. @ConexiontlSUR pic.twitter.com/B6ospa6bt9
— Tatiana Portela (@PortellateleSUR) August 1, 2019
Según el analista político y director de la Fundación Ideas para la Paz, Ariel Ávila, “lo que se le pide a Duque es garantizar la reincorporación de las FARC tanto de las bases como de sus comandantes y cumplir con los Programas de Desarrollo con Enfoque Territorial (PDTS) que tienen gran expectativa en las regiones.
Acabar con el narcotráfico fue una de sus políticas de campaña y sus vías para llevarlo a cabo han incluido proyectos que no desdeñan la violencia.
Uno de los principales conflictos durante el actual Gobierno colombiano ha sido el enfrentamiento con las comunidades indígenas, a las cuales se han unido varios sectores sociales en busca de una vida digna, por la paz y la democracia.
Durante marzo y abril pasados, se registraron actividades relevantes para llamar la atención de Duque sobre las problemáticas del sector, como el paro del 25 de abril, luego de 27 días de minga (palabra de origen quechua que hace referencia a un esfuerzo compartido para el bienestar común) y el bloqueo de la Vía Panamericana.
El objetivo era recibir una respuesta gubernamental y lograr establecer un diálogo con Duque, conversación que nunca sucedió debido a que no se presentó en la zona del Cauca, epicentro de la movilización.
Aunque los pueblos indígenas del Cauca, Huila y Caldas protagonizaron las protestas, comunidades indígenas del resto del país también se manifestaron, y tampoco quedaron fuera los grupos de afrodescendientes, campesinos, estudiantes y trabajadores.
Pedían el reconocimiento del campesinado como sujetos de derecho; el cumplimiento de los acuerdos firmados con las FARC y el respeto a la consulta previa en sus territorios; el fortalecimiento de las políticas de protección del medio ambiente y la ejecución de acuerdos firmados por el Consejo Regional Indígena del Cauca (CRIC) con el gobierno.
La impunidad ante los constantes asesinatos de dirigentes sociales no parece estar entre las mayores preocupaciones del Gobierno de Duque pese a las actividades que se han realizado en el país y en otras ciudades del mundo para exigir el cese de los asesinatos sistemáticos.
#Bogotá La defensa de los líderes sociales es una tarea que asumimos todos los días con total determinación. Esta es una misión que no tiene color de partido; no es de izquierda ni de derecha, es una tarea de todos los colombianos. pic.twitter.com/R4zvQ1HOkk
— Iván Duque (@IvanDuque) August 3, 2019
La represión política ha sido característica de la actual Administración de la mano del Escuadrón Móvil Antidisturbios (ESMAD). Duque se ha servido de la violencia desmedida de las fuerzas militares y de la Policía para disipar las protestas, por lo que ha despojado a estas instituciones de su manto de responsabilidad.
Entre septiembre y noviembre de 2018, se realizaron al menos siete manifestaciones masivas en diferentes ciudades del país, y el 28 de noviembre inició un paro nacional al que se unieron profesores y trabajadores. Los estudiantes señalaban entonces que este sector tiene un déficit de 3,2 billones de pesos para su funcionamiento.
El profesor de la Universidad Sergio Arboleda y magíster en Seguridad y Defensa Nacional, Cesar Niño, decía que lo fundamental es “sentar en la mesa a los actores involucrados, específicamente a los estudiantes. El Gobierno debe escuchar las necesidades de ellos para poder subsanar la deuda histórica que tiene el país con la educación superior”.
Desde que se hizo efectiva la nueva Ley de Financiamiento, –con la cual el Gobierno busca hacer cambios en materia tributaria y fiscal–, suman ya 30 demandas que piden desmantelar algunos apartados de la ley o incluso desestimarla en su totalidad.
De acuerdo con Duque, buscaría 19 billones de pesos adicionales para financiar el presupuesto general. Esta norma se convirtió en una de las más demandas del país, incluso por encima del Código de Policía al que la Corte Constitucional ya le ha hecho varios ajustes.
En los primeros cinco meses de este año la Corte recibió 223 demandas contra diferentes normativas de las cuales 24 piden tumbar artículos de la ley de financiamiento. A juicio de uno de los demandantes, la norma “se dedicó a rebajarles las tarifas de los impuestos, aún más” a las empresas, así como a beneficiarlas con exenciones tributarias, “haciendo más injusto el sistema tributario”.
Otra demanda acumuló las peticiones de los senadores Jorge Enrique Robledo, Iván Cepeda y el excandidato presidencial Germán Vargas Lleras, quienes aseguran que se violó el principio de consecutividad porque “la Cámara desconoció la regla de los cuatro debates, y omitió estudiar y debatir todos los temas propuestos dentro del trámite legislativo”.
Las demandas de los colombianos son más claras que la ruta de su Gobierno, abocarse a atender la problemática interna de Colombia y dejar de jugar al vecino protector con Venezuela, inmiscuyéndose en los asuntos internos de ese país.
