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El tribunal determinó que el caso del exmandatario siga por el sistema penal acusatorio.
La Corte Suprema de Justicia de Colombia ratificó este lunes la competencia de la jueza 30 de Garantías de Bogotá, Clara Ximena Salcedo, para resolver la petición de libertad del expresidente y exsenador Álvaro Uribe.
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Al tiempo, el tribunal del fallo determinó que el caso del exmandatario siga por el sistema penal acusatorio.
La Sala Plena del alto tribunal validó la decisión que tomó una jueza de Garantías de los juzgados de Paloquemao (Bogotá) el pasado 22 de septiembre.
@CorteSupremaJ ratifica competencia de jueza 30 de Garantías de Bogotá para resolver la petición de libertad del exsenador @AlvaroUribeVel dentro del proceso por soborno y fraude procesal. Diligencias que deberán continuar por sistema acusatorio o Ley 906 de 2004.
— Corte Suprema de Justicia (@CorteSupremaJ) October 5, 2020
El exsenador permanece bajo detención domiciliaria en su finca El Ubérrimo, ubicada en Córdoba, desde el 12 de agosto.
El pasado 3 de agosto, la Corte Suprema de Justicia ordenó medida de aseguramiento contra Uribe en una investigación por fraude procesal y soborno.
El caso inicialmente estuvo en manos de la Corte Suprema, que lo asumió porque Uribe en ese momento era senador. Pero al renunciar el expresidente a su curul en el senado, la corte se vió obligada a pasar el caso a un tribunal ordinario.
Ya con el expediente en manos de una juez ordinario, la corte recibió una solicitud de aclaratoria en relación a la ley que debe aplicar en este caso.
La consulta es sobre si se debe aplicar el nuevo sistema penal acusatorio (ley 906) o el sistema inquisitivo (ley 600) en el que se había desarrollado hasta que se dio el traslado a la justicia ordinaria.
El alto tribunal se limitó a responder la pregunta de la juez 30 penal, quien elevó la consulta sobre la ley por la que debe ser tramitado el proceso por presunta manipulación de testigos.
Desde la Corte Suprema de Justicia informaron que la jueza 30 con función de Control de Garantías, también tendrá la competencia de determinar en qué etapa deberá continuar el proceso contra Uribe, por los delitos de fraude procesal y soborno.
