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El trasfondo de las manifestaciones es el alto costo de la vida y la desigualdad de ingresos que perciben los chilenos.

El trasfondo de las manifestaciones es el alto costo de la vida y la desigualdad de ingresos que perciben los chilenos. | Foto: EFE

Publicado 22 octubre 2019

Las últimas jornadas de manifestaciones en Chile han estado marcadas por la represión violenta y la criminalización hacia los manifestantes por parte del presidente Piñera.

La Fiscalía Nacional de Chile informó este martes que hay más de 5.400 personas detenidas durante las jornada de protestas que han convulsionado al país durante dos semanas. Asimismo, indicó que fueron identificados 7 de las 15 fallecidos.

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"Hasta la fecha tenemos 5.485 controles de detención que se han desarrollado desde el sábado. De esa cifra, 1.642 corresponden a la jornada de hoy", dijo la vocera de la institución, Marta Herrera. 

Además, indicó que la mayoría de las mueres ocurrieron en incendios, pero dijo que "también víctimas provocadas por agentes del Estado".

Por su parte, el Instituto Nacional de Derechos Humanos de la República de Chile (INDH) dijo que hay 1.692 detenidos, incluyendo más de 200 niños y adolescentes, según datos recopilados en comisarías y hospitales. También dan cuenta de 226 personas heridas y 5 muertos por presunta acción de agentes del Estado. 

Sin embargo, datos de la asociación de médicas y médicos Dra. Eloisa Díaz  ubican la cantidad de fallecidos en 17.

La crisis que vive Chile actualmente se desató a causa de la subida de 30 pesos al precio del pasaje del Metro, lo que suma 830 pesos (aproximadamente 1,17 dólares).

Pero este solo fue el detonante de una crisis que ya se veía venir, por problemas que se han ido acumulando a lo largo de esta segunda gestión de Piñera. El trasfondo de estas manifestaciones en realidad es el alto costo de la vida y la desigualdad de ingresos que perciben los chilenos.

Una costosa educación privada y atención médica; el aumento del costo del servicio público; la reducción de las pensiones y el aumento del precio de la electricidad en un 10 por ciento, son algunas de las quejas de los chilenos, cuyo ingreso medio mensual ronda los 550 dólares al mes o menos.

Parte del problema radica en que Chile está gobernada por una Constitución que fue elaborada bajo la dictadura y que, a pesar de reformas significativas, ha dejado intacta la infraestructura política y legal fundamental.

Criminalización de las protestas

La respuesta del gobierno de Sebastián Piñera ha tomado el camino de la violencia y la criminalización de los manifestantes, desde las represiones policiales hasta toques de queda nocturnos en tres ciudades del país, al punto de que el propio mandatario ha declarado que el país "está en guerra".

“Estamos en guerra contra un enemigo poderoso, dispuesto a usar la violencia sin límites”, así declaró el presidente en una alocución pública este lunes. El despliegue de más de 10.000 tropas por parte del gobierno chileno es la operación más larga desde la dictadura de Augusto Pinochet, y las fuerzas de seguridad han disparado gases lacrimógenos y balas de gomas contra las multitudes.

No obstante, desde la propia oficialidad se pueden ver las grietas que marcan a esta gestión, pues el General Javier Iturriaga, líder de las fuerzas armadas, trató de corregir su afirmación y aseguró a la prensa que "no estoy en guerra con nadie".

Piñera declaró el estado de emergencia en seis ciudades el sábado pasado, y restringió los derechos de movimiento y reunión por 15 días.

A estas alturas una posible conciliación no parece ser la solución inmediata, pues tras la reversión del precio del metro y luego del llamado de Piñera al diálogo, los líderes estudiantiles -parte importante de estas protestas- y los sectores de la oposición, se muestran renuentes a la convocatoria del presidente hasta que sea cancelado el estado de emergencia y los soldados retirados de las calles.

Por otro lado, Piñera en sus declaraciones ha insistido en criminalizar a los manifestantes, “tienen un nivel de logística que es característica de una organización criminal (...) Nos enfrentamos a un enemigo poderoso que no respeta a nadie”.


Los líderes de estas manifestaciones, que ha adquirido grandes dimensiones en menos de 15 días, convocan a una huelga general para el próximo lunes.


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