Boletines
Opacidad
Opacidad
Señal en Vivo
Solo Audio
A dos días de que acabe el tiempo de instrucción, el fiscal de Pichincha exigió la comparecencia de 55 trabajadores del Gobierno local, para rendir versión.
El período de instrucción fiscal del presunto delito de rebelión sin agravantes por el que son procesados la prefecta de Pichincha (centro de Ecuador), Paola Pabón; el exasambleísta, Virgilio Hernández; y el dirigente político de la Revolución Ciudadana, Cristian González, concluye este miércoles.
LEA TAMBIÉN:
Prefecta ecuatoriana anuncia medidas para defender Radio Pichincha
Al terminar los 120 días estipulados a partir del pasado 15 de octubre por los hechos derivados del paro nacional y movilizaciones en contra de la eliminación del subsidio a los combustibles, debe determinarse la fecha para la audiencia evaluatoria y preparatoria de juicio donde la Fiscalía presentará su dictamen acusatorio o abstentivo.
La justicia revocó la prisión preventiva que pesaba contra Pabón y González desde el 15 de octubre, y la que mantenía Hernández, desde el 5 de noviembre en diciembre y en su lugar ordenó su presentación periódica cada lunes y el uso del grillete electrónico.
Fiel a sus métodos arbitrarios, la @FiscaliaEcuador y @PoliciaEcuador amenazan a 55 empleados de carrera del @PichinchaGob, con llevarlos a peritajes forzados “libres y voluntarios”, sin estar vinculados al proceso y a dos días de terminar la instrucción fiscal!!! @DEFENSORIAEC
— Paola Pabón (@PaolaPabonC) February 9, 2020
El fiscal de Pichincha, Alberto Santillán, exigió la comparecencia obligatoria y en compañía de la fuerza pública de 55 trabajadores del Gobierno Provincial para rendir versión en el proceso contra Pabón, Hernández y González.
La solicitud, realizada a solo dos días de que cierre la instrucción fiscal en este proceso, no se canalizaría de forma voluntaria y sin juramento, como lo establece la ley, sino mediante una detención provisional.
El funcionario de la Prefectura de Pichincha Leonidas Moreno catalogó la demanda de Fiscalía como una arbitrariedad y un atropello en contra de sus derechos humanos y recalcó que este llamado violentaría la norma del debido proceso y la Ley, pues se debería notificar con un mínimo de 72 horas de antelación.
@FiscaliaEcuador no cumple la ley, fue incapaz de convocarnos con 72 horas de anticipación y ahora nos amenaza con usar la fuerza pública. Ya no existen derechos para la ciudadanía. ¡Somos servidores públicos, no somos criminales!#NiUnPerseguidoMás
— Ana María Larrea (@alarrea2) February 9, 2020
.@PaolaPabonC https://t.co/ZeFkfpKVT0
Con un mensaje en su cuenta en la red social Twitter, Pabón cuestionó los métodos "arbitrarios" de la Fiscalía y la Policía, al amenazar a 55 empleados de carrera de la prefectura de Pichincha, con llevarlos a peritajes forzados "libres y voluntarios", sin estar vinculados al proceso y a dos días de terminar la instrucción fiscal.
Igualmente, varios juristas criticaron la acción, sostuvieron que Santillán está haciendo las “cosas al apuro” y advirtieron que el artículo en el cual basa su solicitud estaría mal motivado, ya que la normativa se aplica únicamente para delitos flagrantes.
