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El gobierno del Norte de Santander (noreste de Colombia) decretó este lunes calamidad pública en la región del Catatumbo, tras los enfrentamientos entre el Ejército de Liberación Nacional (ELN) y el Ejército Popular de Liberación (EPL), que han dejado más de 7.000 desplazados.
El vicepresidente Oscar Naranjo informó que entidades del Estado coordinan operativos para ayudar a los desplazados. Días antes la Organización de las Naciones Unidas (ONU) emitió un comunicado de preocupación por los padecimientos de la población en el Catatumbo.
Dos mil hombres del Ejército colombiano se sumaron al despliegue en el Catatumbo y en total suman 12.000 de la fuerza pública. Además, se instalará un puesto de mando con representación de las instituciones nacionales, de la ONU y la OEA.
Líderes y representantes de la comunidad del Catatumbo hacen una invitación al Gobierno Nacional para que visite la zona y evidencie la crisis humanitaria que se registra desde hace días debido a los enfrentamientos entre miembros del EPL y el ELN! #CatatumboResiste pic.twitter.com/LtbuOIJBmT
— Luis Fernando Niño (@luisferninolop) 20 de abril de 2018
Alcaldes locales han replicado que esperan que el apoyo del gobierno no sea únicamente militar, sino también social tras las consecuencias de los desplazamientos.
Los enfrentamientos en el Catatumbo han ocasionado el cierre de hospitales, comercios y otros establecimientos, así como también suponen una amenaza para la movilidad de la población civil.
Así nos desplazamos hoy de Ocaña al municipio del Tarra. El pueblo se concentra por la vida, la reconciliación y La Paz, en la búsqueda de garantías ante la grave crisis humanitaria por la que atraviesa el #Catatumboresiste pic.twitter.com/SJ0lJtrpzG
— MujerCatatumbera (@OlgaluQS) 22 de abril de 2018
El enfrentamiento entre el ELN y EPL es parte del conflicto armado de más de medio siglo en Colombia. El Catatumbo, región fronteriza de Colombia, es una zona geográficamente importante de contrabando de combustible, droga, entre otros; en paralelo, también constituye una zona de abandono gubernamental, según han denunciado los habitantes en protesta.
