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El 8 de enero pasado, seguidores de Bolsonaro intentaron ejecutar un golpe de Estado contra el Gobierno legítimamente electo de Luiz Inácio Lula da Silva.

El 8 de enero pasado, seguidores de Bolsonaro intentaron ejecutar un golpe de Estado contra el Gobierno legítimamente electo de Luiz Inácio Lula da Silva. | Foto: Prensa Latina

Publicado 4 febrero 2023



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Se denunció a otras 152 personas sospechosas de participar en el asalto a la Plaza de los Tres Poderes, el 8 de enero pasado.

La Procuraduría General de la República (PGR) de Brasil denunció este sábado a otras 152 personas sospechosas de haberse implicado en los actos golpistas del 8 de enero pasado, cuando bolsonaristas irrumpieron de modo violento en las sedes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, en la capital federal, Brasilia.

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De acuerdo con las denuncias firmadas por el subprocurador general, estos golpistas fueron acusados de “asociación criminal” y de “incitar a la animadversión de las Fuerzas Armadas contra los Poderes Constitucionales”.

Aquellas personas imputadas por “asociación criminal” pueden enfrentar penas de cárcel entre uno y tres años, mientras que los señalados por el segundo cargo podrían ir a prisión entre tres y seis meses.

El pleno del Supremo Tribunal Federal (STF) debe decidir pronto si acepta las acusaciones de la PGR y coloca a estas personas en la condición de imputados.

Hasta el momento han recibido cargos ante la Justicia un total de 653 golpistas que se encontraban en la Plaza de los Tres Poderes el 8 de enero pasado, una semana después de la juramentación presidencial de Luiz Inácio Lula da Silva.

Medios de prensa precisan que los detenidos desde esa fecha hasta acá guardan prisión en unidades del sistema penitenciario del Distrito Federal y todos fueron detenidos en un campamento bolsonarista frente al Cuartel General del Ejército, en Brasilia.

De los más de 1.400 arrestados por estos hechos, el STF decidió mantener a 942 personas en prisión preventiva, en tanto que 464 fueron liberadas.La fiscalía demandó que los delitos por los cuales se les acusa sean considerados por separado y que se sumen las eventuales penas que dicten los tribunales.

Además, exige que los presos paguen una indemnización mínima “debido a los daños morales colectivos evidenciados”.

El 8 de enero pasado, elementos extremistas seguidores del exmandatario de ultraderecha Jair Bolsonaro invadieron el Palacio de Planalto (sede presidencial), así como los emplazamientos del Congreso Nacional y el STF. Además, vandalizaron estos edificios.

Autoridades brasileñas han subrayado que Bolsonaro es responsable directo de ese hecho, pues durante meses promovió cuestionamientos infundados contra el sistema de votación, las instituciones democráticas brasileñas y luego contra el resultado electoral que dio la victoria a Lula.


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