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 El Instituto Lula calificó de lamentable que el presidente no respete a las víctimas, ofenda la dignidad de la persona y la memoria de los muertos.

El Instituto Lula calificó de lamentable que el presidente no respete a las víctimas, ofenda la dignidad de la persona y la memoria de los muertos. | Foto: Reuters

Publicado 30 julio 2019



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El delito de desaparición forzada no prescribe en Brasil y cualquier persona que oculte información de un caso a la corte puede considerarse participante

El presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, podría ser obligado a declarar acerca de la desaparición del preso político Fernando Augusto de Santa Cruz Oliveira, después de que la Fiscalía de ese país evalúe sus declaraciones públicas sobre el caso.

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"Es extremadamente grave no solo por la fricción con el decoro ético y moral que se espera de todos los ciudadanos y las autoridades públicas, sino también por sus implicaciones legales", detalló la Procuraduría Federal de los Derechos del Ciudadano (PFDC), dependencia del Ministerio Público.

Cualquier persona que conozca el destino de una víctima e intencionalmente no lo revele a la corte, está en condiciones de considerarse participante en el delito de desaparición forzada, que en esa nación no prescribe.

Más de 80.000 familias se enfrentan cada año en Brasil a la desaparición, debido a causas sociales, problemas de salud y violencia, refiere el documento firmado por la fiscal federal para los Derechos de los Ciudadanos, Deborah Duprat, y el adjunto Marlon Weichert.

"Todos sufren, casi siempre en silencio, este dolor perenne que no se detiene hasta que se descubre el paradero de la persona querida. El respeto por este dolor es un signo de humanidad y dignidad", continúa el comunicado.

Origen de la polémica

El mandatario brasileño declaró este lunes que le relataría al presidente de la Orden de Abogados de Brasil (OAB), Felipe Santa Cruz, cómo murió su padre durante la dictadura militar  (1964-1985).

"¿Quién es esa OAB? Si un día el presidente de la OAB quiere saber cómo su padre desapareció en el período militar, se lo cuento. No va a querer oír la verdad. Yo se lo cuento", expresó a manera de sátira.

Un documento secreto de Aeronáutica refiere que Fernando Santa Cruz de Oliveira fue ejecutado por las Fuerzas Armadas en 1974, sin embargo, Bolsonaro afirmó que lo ultimó participó un grupo armado y no los militares.

 

La Comisión Nacional de la Verdad, a cargo de la investigación de los casos de las personas asesinadas y desaparecidas durante la dictadura militar, determinó que al ser detenido Fernando Santa Cruz de Oliveira contaba con empleo y dirección fija, por lo que no estaba ni clandestino ni prófugo.

Aunque Bolsonaro asegura que el entonces estudiante de derecho y funcionario público de 26 años integraba el grupo más sanguinario y violento, en el estado de Pernambuco, la comisión no registra su participación en acciones armadas.

En sus redes sociales, Felipe Santa Cruz explicó que "mi abuela acaba de fallecer a los 105 años sin saber cómo su hijo fue asesinado. Si el presidente sabe por vivencia tanto sobre ese caso y a los de todos los demás desaparecidos, nuestras familias quieren saber".

Lula repudia declaraciones de Bolsonaro

Por su parte, el expresidente Luiz Inácio Lula da Silva refirió, desde la Policía Federal de Curitiba, capital del sureño estado de Paraná, que Brasil no merece escuchar las palabras de odio del político de extrema derecha.

"Nada puede reparar el sacrificio de tu padre, mi querido Felipe, ni la brutal ofensa que una vez más lo victimizó", escribió Lula al presidente de la OAB y defendió a Felipe, Fernando y todas las personas perseguidas por la dictadura, al afirmar que con las declaraciones "es como si violaran a su padre una vez más, y con él, a todas las víctimas de la dictadura".

El Instituto Lula también se hizo eco del  rechazo a las declaraciones de Bolsonaro al reiterar que continuará "defendiendo la transparencia con respecto a los crímenes de la dictadura militar y el derecho a la memoria".

Asimismo, catalogan de lamentable que el presidente, quien "juró defender y cumplir con la Constitución Federal, ofenda y no respete la dignidad de la persona" y la memoria de los muertos.


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