Las autoridades judiciales sospechan que Bolsonaro tiene una conexión con el ataque de piratas informáticos al sistema del TSE en 2018.
La Policía Federal (PF) de Brasil confirmó que convocará al presidente Jair Bolsonaro a declarar en un proceso en el que se le investiga por una campaña que mantuvo contra las urnas electrónicas usadas en las elecciones de 2018 en el país.
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Las autoridades judiciales sospechan que Bolsonaro tiene una conexión con el ataque de piratas informáticos ocurrido en el sistema del Tribunal Superior Electoral (TSE) en 2018.
El mandatario debe explicar sobre una declaraciones hechas en una entrevista en agosto pasado, en la que el jefe del Ejecutivo utilizó información de la investigación clasificada para atacar, sin pruebas, la seguridad de las máquinas de votación electrónica y el sistema electoral brasileño.
La Policía Federal de Brasil intimó al presidente Jair Bolsonaro a dar explicaciones sobre la filtración de documento sigiloso. El pasado 4 de agosto, para probar su supuesta tesis de ataque al sistema electoral, Bolsonaro divulgó una investigación policial confidencial.
— André Vieira (@AndreteleSUR) December 14, 2021
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El caso está siendo investigado por noticias falsas (fake news )y fue abierto por orden del ministro del Tribunal Supremo Federal (STF) Alexandre de Moraes.
En ese momento, los ministros del TSE enviaron al STF una denuncia penal contra el mandatario por filtrar una investigación confidencial del PF en las redes sociales del titular del Ejecutivo.
El documento solicitaba la investigación de un posible delito por parte de Bolsonaro, el delegado del PF que preside las investigaciones y el diputado federal Filipe Barros (PSL-PR).
En su campaña contra las urnas electrónicas, Bolsonaro llegó a insinuar que el TSE planeaba un “fraude” para los comicios de octubre de 2022 a fin de favorecer la candidatura del ex presidente Luiz Inácio Lula da Silva, su mayor antagonista político y favorito en las encuestas.
Además de pedir al Supremo una investigación sobre su conducta, el TSE abrió un proceso “administrativo” contra Bolsonaro y afirmó, apoyado en documentos, que las urnas electrónicas que Brasil utiliza desde 1996 permitieron “eliminar un pasado de fraudes” que el país presenció mientras usó el sistema de papeletas.