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En el cierre del caso fue fundamental el aporte de la investigación pericial practicada por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes español.
El fiscal del departamento boliviano de La Paz, William Alave, ratificó este miércoles la resolución de sobreseimiento a exvocales del Tribunal Supremo Electoral (TSE), y otros exfuncionarios por la supuesta comisión de delitos electorales durante los comicios generales de 2019, y dispuso concluir este proceso.
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El fallo de sobreseimiento favorece a María Eugenia Choque Quispe, Antonio Costas Sitic, Edgar Gonzales López, Lucy Cruz Villca e Ildefonso Mamani Romero, quienes estaban sindicados por la Comisión de los Delitos de presunta falsificación de documentos, o uso de documento falsificado, manipulación informática, alteración y ocultación de resultados y beneficios en función del cargo, entre otros.
El documento emitido por la Fiscalía indica “ratificar el Requerimiento Conclusivo de Sobreseimiento Nº 06/2021 de fecha 27 de julio de 2021, dictado por los fiscales de Materia Leticia Muñoz Daza, Ingrid Rocío Feraudi Guerra, Eddy Junior Flores Quispe y Manuel Saavedra Saavedra (…)”.
Fiscalía de La Paz dispuso el archivo de la denuncia de FRAUDE ELECTORAL y rechazó la demanda que no logró acumular pruebas para sustentar un proceso judicial. La idea de "fraude" fue promovido por la derecha y la OEA para "justificar" el golpe de Estado nov2019. @telesurtv pic.twitter.com/ZFTRhIzkSQ
— Freddy Morales (@FreddyteleSUR) October 13, 2021
El texto señala además “disponer la conclusión del proceso con relación a los citados imputados, la cesación de las medidas cautelares que se les hubiese impuesto siempre y cuando no hayan sido cesadas y la cancelación de sus antecedentes penales”.
En tal sentido, el exvocal Idelfonso Mamani, expresó que el caso ya está cerrado definitivamente con el paso a archivo del proceso, al tiempo que manifestó que “ahora se impone la verdad”, refiriéndose a la persecución injusta y violación de derechos padecida por los exvocales y funcionarios injustamente imputados.
Luego de determinar el sobreseimiento el pasado mes de julio y basados en los resultados de la investigación pericial acometida por el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) español, la resolución pasó a revisión del Fiscal Departamental, que ratificó la decisión este 11 de octubre.
El caso de presunto fraude electoral se inició en noviembre de 2019, tras un informe preliminar de una auditoría comicial practicada por la Organización de Estados Americanos (OEA), el cual aludió entonces una “manipulación dolosa” asociada a una estructura informática oculta de dos servidores, y otras irregularidades como la alteración de actas con lo cual solicitaron invalidar los resultados emitidos por el TSE.
Dicho informe fue clave para que en el país se desencadenara el golpe de Estado contra Morales, así como hechos de masacres durante la toma del Gobierno de facto dirigido por Jeanine Áñez.
