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Evo Morales ha rechazado los cargos que le imputa el Gobierno de facto de Bolivia.

Evo Morales ha rechazado los cargos que le imputa el Gobierno de facto de Bolivia. | Foto: Prensa Latina

Publicado 18 diciembre 2019



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La orden de arresto "podrá ser ejecutada en cualquier hora y día hábil, (y) en caso necesario recúrrase a la ayuda de la fuerza pública".

La Fiscalía de La Paz emitió este miércoles una orden de aprehensión contra el líder boliviano Evo Morales, actualmente refugiado en Argentina, tras ser sustituido por un golpe de Estado, por cargos de sedición y terrorismo.

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Con base en esa orden la policía procederá a cumplir el requerimiento judicial, declaró a la televisora Unitel el coronel mayor Luis Fernando Guarachi, jefe de la policía anticrimen de esta ciudad.

La orden de aprehensión "podrá ser ejecutada en cualquier hora y día hábil, (y) en caso necesario recúrrase a la ayuda de la fuerza pública", dice la resolución de una comisión de fiscales.

El jefe de la División de Corrupción Pública de la policía boliviana, Luis Fernando Guarachi, confirmó a periodistas de La Paz que la orden había sido emitida.

"Se emitió la orden de aprehensión contra el señor Juan Evo Morales Ayma (…) por los ilícitos que se está investigando en la denuncia de oficio que inició el Ministerio Público", indicó.

De acuerdo con un documento, publicado en Twitter por varios medios de prensa, el dirigente del partido Movimiento al Socialismo (MAS) debe ser aprehendido por "presunta comisión de sedición, terrorismo, y financiamiento al terrorismo", crímenes previstos en los artículos 123 y 133 del Código Penal.

La orden de captura fue firmada por el fiscal de Cochabamba, Jhimmy Almanza, y avalada por la Fiscalía Especializada Anticorrupción y Legitimación de Ganancias Ilícitas, Delitos Aduaneros y Tributarios de la Fiscalía de La Paz.

Morales fue víctima de una asonada golpista, tras haber ganado las eleccionres presidenciales de octubre, por la derecha opositora apoyada por el ejército y la policía en una acción que contó con el respaldo de la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Gobierno estadounidense.

El 10 de noviembre pasado, Morales anunciaba su salida de Bolivia para evitar un "baño de sangre" en el país suramericano, y un día después, la senadora Jeanine Áñez asumía de la presidencia de facto.

La acusación contra Morales la adelantó la mandataria de facto en días pasados tras una presunta llamada que hizo el presidente legítimo desde México, donde recibió asilo, en la cual llamada a sus partidarios a realizar acciones de sabotaje en La Paz.

El mismo Morales rechazó realizar esas llamadas y consideró que que las autoridades golpista ahora inventan "acusaciones de terrorismo, de sedicioso, sin embargo, el pueblo unido, organizado, seguirá movilizado para el bien de la democracia".

"Con tantos muertos, sabe la comunidad internacional que hay una masacre. Hay delitos de lesa humanidad, por tanto no puede haber impunidad”, agregó en una entrevista realizada en México, antes de salir hacia Argentina, tras un breve estancia en Cuba . 

El ministro de Gobierno, Arturo Murillo, presentó hace unos días una demanda penal contra Morales por supuestamente promover los violentos enfrentamientos que dejaron 35 muertos.
 


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