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El MAS asegura que está en marcha un plan para matar al expresidente Evo Morales y derrocar al Gobierno de Luis Arce.
El partido Movimiento al Socialismo (MAS) de Bolivia decidió declarar el estado de emergencia por los planes derechistas de descrédito y agresión contra sus líderes y la conspiración contra el Gobierno de Luis Arce.
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“Ante las acciones de rearticulación de la derecha golpista y antidemocrática de sus actores que hasta el día de hoy siguen impunemente conspirando contra el Gobierno democráticamente elegido, nos declaramos en estado de emergencia para la defensa de la patria”, establece el punto dos de la resolución del Ampliado Nacional del MAS.
De acuerdo con el acta final del encuentro partidario efectuado en Cochabamba, existe un “Plan negro” operado por la derecha boliviana y orquestado desde el exterior para incluso atentar contra la vida del presidente del movimiento, Evo Morales.
En el ampliado nacional del MAS, realizaremos un amplio análisis político nacional e internacional, para consolidar y seguir sellando la unidad del MAS, para proteger, resguardar a nuestro gobierno de ataques internos y externos, que vienen con un claro intento de #GolpeDeEstado. pic.twitter.com/TY3UZC2oUn
— Leonardo Loza (@LeonardoLoza18) October 6, 2022
En consecuencia, exigen garantías y medidas de seguridad al gobierno nacional.
A través del comunicado también invitan al presidente Arce y al vicepresidente David Choquehuanca a una reunión con el MAS y el Pacto de Unidad, integrado por sectores sociales, para discutir temas internos y establecer una pauta política común ante las acciones derechistas.
#AbyaYalaTv
— Abya Yala Tv (@AbyaYalaBolivia) October 7, 2022
Luego del ampliado del #MAS-IPSP, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, informó que se establecerá una reunión con el Presidente y Vicepresidente para fortalecer el Instrumento Político más grande de la historia del país. pic.twitter.com/jSGFymnSzg
En el documento también pidieron la destitución del ministro de Gobierno, Eduardo Del Castillo, y del titular de Justicia, Iván Lima, “por sus claras posiciones contrarrevolucionarias”.
Por otra parte, exigieron la suspensión del presidente de la Administradora Boliviana de Carreteras, Henry Nina, por presunta corrupción.
Mientras el ampliado se desarrollaba, el gobernador de Santa Cruz, Fernando Camacho, lideraba un paro indefinido con rechazo al diálogo.
