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Esther Cuesta, de la bancada de Unión por la Esperanza, actuó como proponente de la resolución y fundamentó su pedido en la necesidad de conocer la verdad de la represión durante la protesta social.

Esther Cuesta, de la bancada de Unión por la Esperanza, actuó como proponente de la resolución y fundamentó su pedido en la necesidad de conocer la verdad de la represión durante la protesta social. | Foto: Asamblea Nacional Ecuador

Publicado 6 julio 2022



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El Parlamento recomendó que esta Comisión cuenta con la participación de representantes de organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos, académicos, entre otros.

La Asamblea Nacional de Ecuador, con 110 votos a favor, exhortó el martes a la Defensoría del Pueblo a crear una Comisión de la Verdad que realice una investigación sobre los hechos ocurridos en el paro nacional convocado por el movimiento indígena contra las políticas del Gobierno de Guillermo Lasso, en el cual fuerzas de seguridad reprimieron a los manifestantes.

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De acuerdo con una nota de la Asamblea, la finalidad de esta comisión, llamada "Especial de Investigación" será establecer la verdad, justicia y reparación para todas las posibles víctimas que muestran evidencias de eventuales vulneraciones a los derechos humanos y, en consecuencia, alcanzar la reconciliación nacional.

El ente recomendó al defensor del Pueblo que la Comisión de la Verdad se constituya con la participación de expertos independientes en representación de las organizaciones de la sociedad civil, organismos de derechos humanos nacionales e internacionales, académicos, iglesias y gremios profesionales.

El acuerdo exhorta a los órganos de administración de justicia para que en los procesos que se han iniciado o que se inicien como resultado de los hechos ocurridos en el paro eviten la criminalización de la protesta y garanticen el ejercicio del derecho a la resistencia contemplado en la Constitución y solicita al Defensor del Pueblo disponga la vigilancia del debido proceso judicial o administrativo en dichas causas.

Asimismo, la resolución dispone a la Comisión de Garantías Constitucionales haga el seguimiento respectivo para el cumplimiento de esta resolución, para lo cual realizará todas las acciones pertinentes en el marco de sus facultades e igualmente.

Por la bancada de Unión por la Esperanza, Esther Cuesta, propuso la resolución y fundamentó su pedido en la necesidad de conocer la verdad de la represión durante la protesta social, hechos que constituyeron vulneración de derechos de niños, adolescentes, mujeres embarazadas y adultos mayores, ataques a los centros de paz, entre otros.

Durante el debate, en el cual participaron diez asambleístas, hubo pronunciamientos en el sentido que la protesta social se produjo por la desatención del Gobierno a los sectores más pobres de país, entre ellos, las comunas, comunidades, pueblos y nacionalidades, al amparo del derecho a la resistencia contemplado en el artículo 98 de la Constitución de la República.

De igual forma, fustigaron la intención de determinados sectores de calificar a las movilizaciones como una expresión de la violencia y el vandalismo, con el financiamiento del crimen organizado, comentarios que no se compadecen con la protesta social ejercida por sectores sociales, en demanda de sus derechos.


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