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La tesorera bonaerense María Fernanda Inza es acusada por delitos de lavado de dinero, finamiento electoral ilícito y dádivas. 

La tesorera bonaerense María Fernanda Inza es acusada por delitos de lavado de dinero, finamiento electoral ilícito y dádivas.  | Foto: El Perfil

Publicado 9 octubre 2018

Más de 4.721 integrantes del partido político oficialista Cambiemos estarían implicados en delitos de corrupción del Caso Truchos. 

La justicia de Argentina imputó este martes a la tesorera de la Gobernación de Buenos Aires, María Fernanda Inza, por su presunta implicación en los "casos truchos de Cambiemos" (corrupción en la campaña electoral del partido oficialista del presidente Mauricio Macri) que investigan actualmente en el país. 

La juez Federal de Mar de La Plata, Ernesto Kreplak, emitió el fallo penal contra Inza por ser una de las aportantes para el financiamiento en la campaña electoral del 2015, en la que resultó electo Macri.

Asimismo, será investigada por "delitos de lavado de dinero, falsedad ideológica y dádivas". Además por beneficiar a integrantes de la coalición política, con planes de subsidio social de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses). 

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La contadora María Fernanda Inza era una de las personas de mayor confianza de la gobernadora de Buenos Aires, María Eugenia Vidal. Foto: 

 

Inza, una de las primeras procedas por la justicia en los caso truchos, intentó eliminar dos de sus expedientes y redireccionar su caso al juez electoral Adolfo Ziuli en aras de ser condenada por la instancia electoral obteniendo una pena más baja por delitos menores. 

Sin embargo, Kreplak rechazó las apelaciones de la acusada e inició el enjuiciamiento. No obstante, el juez Sebastián Casanello también lleva una investigación en paralelo con otros funcionarios de Cambiemos.

Ahora será la Cámara Federal quien determinen cuál juzgado procesara el polémico caso de corrupción. 

En Contexto 

 

El periodista argentino, Juan Amorin realizó una extensa investigación, publicada por el portal local El Destape, en el que detalla casos de presuntos delitos electorales, cometidos por funcionarios del partido Cambiemos.

Las averiguaciones señalan a unos 4.721 activistas políticos oficialista en financiamiento ilícito electoral con pagos que acumulan los 86,2 millones de pesos en efectivo a cambio de dádivas (favores políticos), específicamente para ser beneficiados en planes sociales de la Anses.  

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