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Sin embargo, el presidente argentino, Alberto Fernández, descarta otorgarle un indulto a la activista indígena.
Organizaciones sociales, gremiales, políticas y de derechos humanos argentinas protagonizarán este miércoles una marcha por el centro de la capital bonaerense, con la petición de un indulto para la activista indígena Milagro Sala.
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La organización Túpac Amaru lidera el acampe pacífico en Plaza de Mayo para pedir un indulto presidencial en favor de Milagro Sala, tras haber retrasado la actividad, inicialmente prevista para el martes, pero postergada por la llegada al país de la selección de futbol, que ganó el Mundial de Qatar 2022.
Las convocatorias están lideradas por el Bloque Social por el Trabajo, el Frente Milagro Sala y la Tupac Amaru; la Asociación Nacional de Trabajadores y a la que también adhieren las dos CTA (de los Trabajadores y Autónoma) y la Corriente Federal de los Trabajadores; así como la Unión de Trabajadores de la Economía Popular (UTEP) y organizaciones políticas como La Cámpora y organismos de Derechos Humanos.
La acción había sido convocada la semana pasada, después de que la Corte Suprema de Justicia confirmara la condena a 13 años de prisión contra la dirigente social por el presunto desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas.
El tribunal rechazó un recurso extraordinario que había presentado la defensa de la dirigente indígena, la cual dice estar encarcelada por motivos políticos.
Sin embargo, el presidente de Argentina, Alberto Fernández, aunque coincidió con Sala en ello, descartó indultar a la activista: "Tengo la convicción de que todo el proceso a Milagro Sala estuvo plagado de un tinte político inadmisible y me parece que la solución no pasa por un indulto, porque la Constitución me lo prohíbe".
No obstante, el mandatario argentino propuso elevar esta cuestión ante los organismos internacionales, puesto que la Corte Interamericana de Derechos Humanos "llamó la atención sobre las condiciones de encarcelamiento que vivió Milagro Sala".
Sala fue detenida en enero de 2016 en Jujuy, acusada de instigación al tumulto durante una protesta contra Gerardo Morales, aliado del entonces presidente Mauricio Macri.
En 2019, fue condenada en primera instancia por el presunto desvío de fondos destinados a la construcción de viviendas, aunque ese fallo fue apelado.
