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La Flip denunció la existencia de territorios “vedados para la prensa”,  debido a la lucha entre grupos armados, en cuya estrategia se encuentra silenciar a los comunicadores.

La Flip denunció la existencia de territorios “vedados para la prensa”, debido a la lucha entre grupos armados, en cuya estrategia se encuentra silenciar a los comunicadores. | Foto: Formato Siete

Publicado 9 febrero 2020


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Entre el 2017 y el 2019 más de 583 periodistas han sido amenazados en Colombia, especialmente en los territorios con presencia de grupos armados.

El número de agresiones y amenazas contra profesionales de los medios de prensa en Colombia ha aumentado significativamente tras la firma de los acuerdos de paz, denunció este domingo, a propósito de la conmemoración del día del periodista en ese país, la Fundación para la Libertad de Prensa (FLIP).

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De acuerdo con el director de la FLIP, Jhonatan Bock, durante entre el año 2017 y el 2019 más de 583 periodistas han sido amenazados, especialmente en los territorios con presencia de grupos armados.

"Desde 2014 al 2016 fueron 257 periodistas amenazados. En los últimos tres años ese número se duplicó, es decir, que se ha registrado el doble de comunicadores  amenazados después de la firma de los acuerdos de paz", sostuvo Bock.

Asimismo, el directivo denunció la existencia de algunos territorios “vedados para la prensa”,  debido a la lucha que existe entre varios grupos armados, en cuya estrategia se encuentra ser violento con los comunicadores y silenciarlos.

Bock detalló que las amenazas han aumentado en un 300 por ciento en departamentos como Arauca y Nariño, enfatizando que "allí es donde precisamente hay una mayor necesidad de garantizar la seguridad y es donde no se ve una respuesta efectiva por parte del Estado".

Igualmente, las disputas entre nuevos grupos armados en Caloto, Corinto y Miranda en el Cauca; Llorente y la zona fronteriza con Ecuador en el Pacífico; y varios puntos que empiezan en Arauquita y terminan en Puerto Asís, en Putumayo han marcado puntos ciegos.

Respecto a este tema, la FLIP considera que la Unidad Nacional de Protección ha actuado tardíamente y su respuesta "no ha sido la ideal”, pues los problemas para implementar los esquemas de protección no se restringen a 2019, sino que ocurren desde hace varios años y crecen cada vez más.


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