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Los otros tres procesos que enfrenta la expresidenta de facto están relacionados con el golpe de Estado de 2019.
La abogada Nadeshdha Guevara presentó una querella contra la exmandataria de facto boliviana, Jeanine Áñez y el exministro de Gobierno, Arturo Murillo, debido a la supuesta detención ilegal y tortura de 54 personas en el marco de la represión violenta entre 2019 y 2020.
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Con esta nueva causa, ya van cuatro demandas penales en contra de la expresidenta de facto, quien se encuentra tras las rejas desde marzo de este año.
Guevara precisó que la denuncia fue presentada por los delitos “torturas, tratos crueles e inhumanos y delitos conexos” y ya la Fiscalía la aceptó y determinó quiénes serán el fiscal y el investigador policial.
El abogado de Áñez dijo a medios locales sobre ese tema, que hasta el momento no han sido notificados con la demanda que anuncia Guevara. De acuerdo con la denunciante, en estos días los querellantes deben prestar declaraciones para ratificar la demanda.
La abogada indicó que el contenido de la denuncia ya fue presentado en la Sesión 72 del Comité Contra la Tortura (CAT, por sus siglas en inglés) de las Naciones Unidas, desarrollado en Ginebra, Suiza.
Entre las presuntas víctimas de tortura por parte del Gobierno golpista de Áñez, está el enfermero Ayben Huaranca, quien aparece en un video herido de un proyectil de bala en Senkata en noviembre de 2019.
El enfermero, según las imágenes, lejos de auxiliar al herido, simula realizar una técnica de reanimación, presionando sobre el pecho del herido, aún consciente.
Allí se observó que las maniobras provocaron mayor sangramiento en una de las heridas y el herido, a pesar de eso, se enfoca en la cámara del celular que lograba para hacer un llamado de auxilio.
Previamente, Guevara y Huaranca se presentaron como representantes de las 54 víctimas de torturas en varios países europeos para dar la versión del Gobierno de Luis Arce sobre el golpe de Estado contra el expresidente Evo Morales ocurrido en Bolivia.
Áñez tiene otro proceso abierto por el golpe de Estado, donde fue imputada por terrorismo sedición y conspiración, otro por los mismos hechos, pero por los delitos de resoluciones contrarias a la Construcción incumplimiento de deberes y se le llamó “Golpe II”, vinculado con la manipulación de los símbolos patrios en su posesión, el 12 de noviembre de 2019.
Un tercer proceso fue abierto por la presunta designación irregular de una familia suya, Karina Fabiola Leiva Áñez de Ruiz, como gerente de la Empresa Boliviana de Alimentos (EBA) en 2020.
