La presidenta de la UP, Aida Avella, advirtió que en Colombia no hay garantías para hacer política y que están asesinando a los líderes de izquierda como ocurrió cuando fueron exterminados los miembros de su partido.
La Fiscalía General de Colombia se pronunció este jueves sobre los hechos registrados en la década de los 90 contra los militantes de la Unión Patriótica.
Durante esos hechos agentes del Estado ejecutaron un plan exterminio que se cobró la vida de dos candidatos a la presidencia, ocho congresistas 70 concejales, 11 alcaldes y un número aún desconocido de dirigentes en todo el país.
"Se trató de un plan de la unión de diferentes actores con el objetivo de exterminar un partido político”, afirmó Jorge Fernando Perdomo, fiscal general.
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“Logramos establecer que había unos patrones comunes que podríamos reconducir a la participación del narcotráfico, del naciente paramilitarismo en connivencia, en muchos casos, con agentes del Estado”, explicó el fiscal, quien además aseveró que la investigación está enfocada en identificar a todos los partícipes de este plan de exterminio.
En la actualidad la Fiscalía General tienen registrados 34 casos los cuales ocasionaron un total de 105 muertes de militantes de la Unión Patriótica. Pero en gran parte de los casos no hay claros indicios acerca de los determinadores y autores intelectuales de las labores destinadas exclusivamente a acabar con el partido político en las décadas de los ochenta y noventa.
“Estamos pagando una deuda de la justicia”, declaró Perdomo al referirse a la gravedad de los hechos. Se trató de un ataque sistemático que tenía un objetivo claro: otorgarle la categoría de genocidio.
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El fiscal general expresó que de presentarse definitivamente un acuerdo final con la guerrilla de las FARC no debe descartarse que ocurriese una acción similar en contra de los miembros de la insurrección armada que desean incorporarse nuevamente a la vida civil.