Tribunal Constitucional colombiano blinda el acuerdo de paz

Luego de tres meses de debates en la Corte Constitucional el máximo tribunal de Colombia 
tomó la decisión de blindar jurídicamente el acuerdo de paz firmado entre el Gobierno y las entonces Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC - EP) en noviembre de 2016.
 
La corte decidió el pasado miércoles  declarar la exequibilidad pura y simple del Acto Legislativo 02 de 2017, que creó un blindaje para que lo acordado no pudiera ser echado para atrás por los tres gobiernos entrantes. 

El alto tribunal aclaró que la decisión que no significa que todo lo acordado en La Habana entra automáticamente a la Constitución. Lo que establece esta norma es que al bloque de constitucionalidad solo deben entrar los temas que están relacionados directamente con el Derecho Internacional Humanitario. 

>> FARC inscribe su partido ante el CNE en Colombia
 
Así quedan asegurados de manera constitucional los puntos  de justicia, participación política y la reincorporación a la vida civil de los insurgentes al considerar que corresponden al Derecho Internacional Humanitario o a los derechos fundamentales definidos en la Constitución. 

El texto del Acto Legislativo indica que los próximos tres gobiernos están obligados a respetar el acuerdo de paz  y por ende las instituciones y autoridades del Estado tienen también que cumplir de buena fe con lo establecido con el texto final.
 
Para muchos, que La Corte Constitucional declarara inconstitucional el blindaje jurídico constituía un duro golpe a lo acordado en La Habana y a los esfuerzos por implementar lo pactado. 

>> Solo el 18% del acuerdo de paz colombiano se ha cumplido
 
La preocupación  se concentró en qué pasaría si después de la desmovilización o de la entrega de armas por parte de las fuerzas insurgentes llegará al poder  un gobierno que no estuviera dispuesto a cumplir con el Acuerdo.

 

“El anuncio de la Corte es una invitación a las autoridades y a la institucionalidad en general, a adoptar el Acuerdo Final como un referente de interpretación”, dijo, la oficina del Alto Comisionado para la Paz, que celebró que esta decisión sea una “garantía jurídica” para que la implementación del Acuerdo sea fiel a sus propósitos originales.