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La avalancha en la ciudad colombiana de Mocoa, que ya suma 210 muertos -según el presidente Juan Manuel Santos- ha sido calificada como el peor desastre por embates de la naturaleza en la historia de ese municipio.
Sobrevivientes del deslave señalaron que esto era una tragedia que podría haberse evitado. La emergencia sacó a la luz la falta de responsabilidad del Estado colombiano para prevenir el deslizamiento de tierra por causa de las lluvias en la zona y salvar la vida de decenas de personas.
Culpabilidad del Estado
En un informe de agosto de 1989, el antiguo Instituto Colombiano de Hidrología, Meteorología y Adecuación de Tierras (HIMAT) advertía al Gobierno lo que podría pasar si el río Mulato se desbordaba. El informe planteaba las medidas que debían tomarse y el presupuesto de las obras necesarias.
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El estudió se llevó a cabo tras la avalancha del río por aumento considerable de lluvias que arrasó con viviendas, cultivos y obras de infraestructura. La comisión de expertos recomendó la construcción de 2.500 metros de un dique marginal en malla y piedra, azudes (muros que dividen el cauce), construcción de espolones en malla y piedra, dragado con maquinaria del lecho del río y otras medidas preventivas.
El informe de 1989 no fue el único que alertaba sobre el desborde de los ríos Mocoa, Mulato y Sangoyaco. En 2012 hubo un deslave en la cabecera de la Quebrada La Taruca que borró su cauce natural.
Se advirtió a las autoridades departamentales y municipales que de presentarse un nuevo desbordamiento por las lluvias, la avalancha ocurriría en menos de 20 minutos y no daría tiempo para organizar ninguna evacuación masiva de las familias aledañas a la cuenca de la quebrada y el río Sangoyaco, donde desemboca La Taruca.
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En 2012 aún no había un plan de emergencia o medidas para sortear una catástrofe de magnitudes considerables. La avanlancha en Mocoa mostró que a pesar de las advertencias, el Estado no realizó las obras necesarias para evitar que la crecida del río causara la pérdida de vidas humanas, heridos y cuantiosos daños materiales.
La tragedia de Armero
Otra catástrofe que evidenció la ausencia de políticas de prevención ante eventos naturales por parte del Estado colombiano fue la tragedia de Armero el 13 de noviembre de 1985. El volcán Nevado de Ruiz expulsó gases, materiales y aire caliente, derritió un casco de nieve y produjo una avalancha por el cauce del río Lagunilla que destruyó el poblado de Armero.
Pobladores y expertos advirtieron la tragedia meses antes de que ocurriera. El 7 de septiembre de 1984 cayeron rocas sobre el lecho del río Lagunilla, en la vereda El Sirpe a 14 kilómetros arriba de Armero, y lo taponaron.
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Tres meses después, geólogos notaron un incremento en la actividad sísmica del Ruiz, donde nace el afluente. También detectaron que salían columnas de vapor y gases. Expertos habían advertido de los peligros del volcán en dos tesis de doctorado y en octubre de ese año se realizó un mapa de riesgo que mostraba la suerte que correría Armero en caso de que el volcán explotara.
A pesar de las denuncias y advertencias, el Gobierno colombiano no tomó a tiempo las previsiones del caso. Tras la tragedia se comprobó que la mala ubicación de Armero a las riberas del río Lagunilla fue la principal causante de la muerte de 25.000 personas y miles de desaparecidos.
Las tragedias de Mocoa y Armero muestran la responsabilidad de gobiernos locales y del Estado colombiano al momento de atender las catástrofes. De haberse tomado las medidas necesarias la cantidad de muertos y desaparecidos podría haber sido menor a la registrada en la última avalancha en la capital de Putumayo.
