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Por el momento, las manifestaciones se desarrollaron sin violencia.

Por el momento, las manifestaciones se desarrollaron sin violencia. | Foto: EFE

Publicado 21 septiembre 2017



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Las personas protestan en Cataluña de personas como muestra a la operación policial realizada por la Guardia Civil contra el referendo independentista.

Miles de manifestantes protestaron este jueves en la sede del Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, para exigir la libertad de las 14 personas detenidas tras un operativo policial contra el referendo independentista del 1 de octubre.

De esta manera, las principales organizaciones independentistas de la sociedad civil, la Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, pidieron trasladar el foco de la protesta hasta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) desde la sede de la consejería de Economía del Gobierno catalán, donde este miércoles se apostaron 40.000 manifestantes mientras la Guardia Civil revisaba el edificio.

Los manifestantes se pronunciaron contra la operación policial y en defensa de la celebración del referendo independentista.

Asimismo, el pueblo catalán rechaza las medidas adoptadas por el Gobierno español, como las multas y las detenciones hacia aquellos involucrados en la votación.

Hacienda española bloquea cuentas catalanas

El Ministerio de Hacienda español confirmó que tiene bajo su control las cuentas catalanas, lo que significa que ni la Generalitat de Cataluña ni las instituciones que dependen de ella pueden hacer uso libre de sus depósitos y solo podrán efectuar aquellos pagos comprometidos con anterioridad.

"La Generalitat de Cataluña está intervenida, las cuentas de débito de las empresas públicas ahora mismo son inaccesibles y las corporaciones no pueden disponer de su dinero", explicó un vocero de la consejería catalana de Hacienda.

A través del Boletín Oficial del Estado (BOE) se publicó la orden que declara la nula disponibilidad de créditos por parte de las instituciones catalanas, lo que deriva en la intervención de sus cuentas.

La intervención tiene que ver con lo acordado con el Ejecutivo central, que pidió a los representantes catalanes demostrar que no estaban utilizado fondos públicos para la realización del referendo independentista que se llevará a cabo el próximo 1 de octubre, declarado ilegal por el Tribunal Constitucional.

>>Cientos de catalanes protestan por detenciones de altos cargos

Por su parte, el Gobierno de España recalcó al líder del Ejecutivo catalán  que debe suspender la convocatoria a referendo lo antes posible.

Al respecto, el vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, manifestó que aunque la acción de la Guardia Civil alteró los preparativos de la consulta, seguirán adelante.


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