Boletines
Opacidad
Opacidad
Señal en Vivo
Solo Audio
Brutney Alfonso Ávila Snak, desmovilizado de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia-Ejército del Pueblo (FARC-EP), fue asesinado este jueves a eso de las 07H45 (hora local) en una zona rural del departamento colombiano de Arauca (noreste), en la frontera con Venezuela, según denunciaron movimientos sociales.
"Denunciamos y rechazamos el vil asesinato del excombatiente de las FARC-EP, Brutney Alfonso Ávila Snak, este jueves en Puerto Jordán Arauca, perteneciente a la zona de reincorporación de Filipinas", escribió en un comunicado Martín Sandoval Rozo, vocero del Frente Amplio por la Paz en el departamento de Arauca.
Trágica semana para la paz, 4 excombatientes de @FARC_EPueblo asesinados en 4 días. El miedo no cambiará nuestra voluntad de paz #Justicia pic.twitter.com/vcwI7h7egi
— Pastor Alape (@AlapePastorFARC) 17 de agosto de 2017
Medios locales detallaron que el desmovilizado, conocido como "Chonchón", fue sorprendido por dos hombres que se trasladaban en una motocicleta. Los sospechosos le dispararon en varias oportunidades hasta causarle la muerte.
Ávila pertenecía a la zona de reincorporación de Filipinas, ubicada en la región donde fue asesinado y que desapareció legalmente el pasado martes, luego de que el grupo culminase la dejación de sus armas ante la Misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en el país.
El diputado Ferney Tique Vargas, miembro de la Comisión de Paz y Derechos Humanos de la Asamblea Departamental de Arauca, lamentó lel hecho sangriento y pidió a las autoridades dar con los responsables.
"Lamentable y preocupante que se presente este tipo de hechos en una zona altamente militarizada y que corresponde a toda una estrategia de seguridad para garantizar la transición de los miembros de las FARC-EP a la vida democrática", expresó Tique Vargas.
Con la muerte de Ávila suman ocho los desmovilizados de las FARC-EP que han sido asesinados en los últimos meses.
Ante los hechos de violencia que se han registrado en el país suramericano, los movimientos sociales y las FARC-EP demandan de las autoridades locales y del Gobierno colombiano seguridad y protección, así como la desarticulación de grupos paramilitares, quienes al parecer son los responsables de los crímenes.
