Las conductas atribuidas al presidente no electo de Brasil, Michel Temer, justifican el pedido de apertura de una proceso de juicio político para su destitución, dijo este sábado el consejero de la Orden de los Abogados de Brasil (OAB), Flávio Pansieri.
La comisión de la OAB designada para evaluar si Temer debe separarse de su cargo determinó que el mandatario de facto cometió un crimen de responsabilidad al atentar contra el artículo 85 de la Constitución de Brasil.
Orden de Abogados de Brasil presentará pedido de impeachment de Michel Temer, "perdió por completo la condición de permanecer en el cargo" pic.twitter.com/JMeAmRkn35
— Adriana Robreño (@AdrianateleSUR) 21 de mayo de 2017
De las 27 seccionales de la OAB, 16 pidieron la destitución de Temer, quien es investigado por el Supremo Tribunal Federal (STF) por obstruir la justicia, corrupción y asociación delictiva.
Algunos de los miembros aseguran que es necesario disponer de un informe sobre el audio en el que se escucha a Temer aceptar el pago de un soborno de 2 millones de reales (637.000 dólares) al expresidente de la Cámara de Diputados de Brasil, Eduardo Cunha, para que no revelara detalles de la corrupción de Petrobras.
Temer asegura que grabación del audio en que se escucha al pdte. comprando silencio de Eduardo Cunha todo fue un "montaje" pic.twitter.com/F7ap7R3D28
— Adriana Robreño (@AdrianateleSUR) 20 de mayo de 2017
Pansieri asegura que el presidente no electo con su comportamiento atenta contra el libre ejercicio del poder legislativo, del poder judicial y los poderes constitucionales, así como el ejercicio de los derechos políticos, individuales y sociales; la seguridad interna del país, la integridad de la administración; y el cumplimiento de las leyes y decisiones judiciales.
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Temer llegó al poder luego de promover un juicio político contra la presidente constitucional Dilma Rousseff. Desde su llegada a la Presidencia, las protestas en Brasil no han cesado para exigir elecciones directas e inmediatas, sin embargo, la Constitución de esa nación contempla comicios presidenciales para 2018. Para celebrar elecciones anticipadas habría que modificar la Carta Magna.