Los líderes asesinados se han destacado por la reclamación de tierras, la lucha por la sustitución concertada de cultivos de uso ilícito, la implementación del Acuerdo de Paz, la defensa del medio ambiente y el rechazo a la presencia de transnacionales en sus territorios.
El asesinato de Wilson Saavedra excomandante del frente 21 de las FARC-EP es considerado como un fuerte revés del proceso de paz en Colombia y muestra del genocidio social y político que está acabando con la vida líderes sociales y excombatientes en todo el territorio nacional.
#Asesinato de excomandante del frente 21 de las FARC #WisonSaavedra deja un saldo de 139 exguerrilleros asesinados tras firma del #AcuerdoDePaz, 31 familiares, 596 líderes , 119 indigenas asesinados. Organizaciones denuncian exterminio social y político y exigen garantías a Duque pic.twitter.com/hZDcek0tFS
— Paola Fernandez (@Paola_teleSUR) 16 de mayo de 2019
Saavedra se convirtió en el primer excomandante en ser asesinado. Luego de firmar el Acuerdo de Paz, este exinsurgente se había dedicado a trabajar con un proyecto productivo con campesinos del Valle del Cauca.
Organizaciones sociales, defensores de derechos humanos y la Bancada por la Paz del Congreso de la República han denunciado que los líderes asesinados se han destacado por la reclamación de tierras, la lucha por la sustitución concertada de cultivos de uso ilícito, la implementación del Acuerdo de Paz, la defensa del medio ambiente y el rechazo a la presencia de transnacionales en sus territorios.
Estamos ya en el nivel de tres lideres asesinados al dia, es el ritmo con el que se acabo con la Unión Patriótica. Los responsables son el entorno del ejercito contra la restitución de tierras. Ellos están en el gobierno.
— Gustavo Petro (@petrogustavo) 14 de mayo de 2019
Los grupos paramilitares se han convertido en la principal amenaza de las comunidades, provocando el desplazamiento masivo y el confinamiento de comunidades indígenas, campesinas y afrodescendientes principalemtne en departamentos como: Chocó, Valle, Antioquia, Valle del Cauca, Nariño y la región del Catatumbo.
Desde los territorios se ha denunciado la crisis humanitaria desatada por los crímenes de Estado, la militarización, y otros actores amados.
A las comunidades se ha sumado el llamado de organismos como la ONU para que el Gobierno de Iván Duque detenga el asesinato de líderes sociales.