México aprueba Ley de Desaparición Forzada de Personas

La cámara de diputados de México, aprobó por unanimidad este jueves la Ley General de Desaparición Forzada con 361 votos a favor, cero en contra y sin abstenciones, tras años de discusión legislativa.

La ley contempla la creación de un sistema nacional de búsqueda de personas, además de una comisión nacional de búsqueda, un consejo ciudadano y un registro nacional de personas desaparecidas y no localizadas.

El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR) saludó la aprobación de la ley general, argumentando que "representa un paso esencial para atender las necesidades de estas personas y de sus familias", añadiendo que la moción "deberá contar con el presupuesto suficiente para su efectivo funcionamiento". 

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En ese sentido, lo que se precisa para su implementación son 422 millones de pesos mexicanos que se espera sean aprobados en el presupuesto anual para 2018 y así "atender a las familias, y trabajar en los reglamentos y leyes secundarias que hagan de su aplicación una realidad", dijo Juan Pedro Schaerer, jefe del CICR para México, América Central y Cuba.

Las penas

De 40 a 60 años de prisión para el delito de desaparición forzada de personas por parte de un funcionario público como de un particular en complicidad con un funcionario, que cometa secuestro y/o ocultamiento de información sobre dicha privación de libertad y sus consecuencias. Misma pena que rige para cómplices o quienes se nieguen a dar información sin ser autores del caso. 

Penas de 20 a 30 años de prisión a quien omita entregar a la autoridad o familiares al nacido de una víctima del delito de desaparición forzada de personas durante el periodo de ocultamiento, a sabiendas de tal circunstancia.

Una pena de 25 a 35 años de prisión a quien, sin haber participado directamente en la comisión del delito de desaparición forzada, retenga o mantenga oculto a la niña o niño que nazca durante el periodo de desaparición de la madre, a sabiendas de la circunstancia.

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Entre 15 a 20 años de prisión a quien oculte, deseche, incinere, sepulte, inhume, desintegre o destruya, total o parcialmente, restos de un ser humano o el cadáver de una persona, con el fin de ocultar la comisión de un delito.

Agravios

Las penas aumentarán, incluso al doble, cuando:

- La persona desaparecida muera debido a cualquier alteración de su salud o por previa enfermedad que no se hubiera atendido como consecuencia del secuestro.
- La víctima sea menor de edad, mujer, mujer embarazada, persona con capacidades diferentes o persona mayor. 
- El delito se motive por la condición migrante, afrodescendiente o pertenencia a una comunidad indígena de la víctima, o por su identidad de género u orientación sexual.
- La persona haya sido desparecida por su labor como periodista o por la defensa de derechos humanos o cuando la víctima sea integrante de una institución de seguridad pública.
- Los autores tengan vínculos de parentesco, amistad, relación laboral o de confianza con la víctima - - El delito se realice para impedir otros delitos.

Además, las penas pueden disminuir si los autores liberan a la víctima 10 días después de la desaparición y/o proporcionan información efectiva para la localización de la víctima o para esclarecer los hechos.

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Sólo el registro oficial de México cifra en 32.943 las personas desaparecidas desde el inicio de la guerra contra el narcotráfico, incluyendo 8.525 mujeres y 5.985 menores de 18 años. En 19 provincias del país, existen 1.075 fosas clandestinas, asimismo solamente en el período de 2017 a 2014, han sido 2.014 los cuerpos exhumados.