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La Constitución de la República Bolivariana de Venezuela (CRBV) ha sido denominada en reiteradas ocasiones como la más avanzada del mundo, principalmente por las garantías que otorga en materia de derechos humanos y libertades civiles y políticas.
Fue aprobada por el pueblo venezolano a través de un referéndum popular en diciembre de 1999.
Esta Constitución marca un antes y un después en materia constitucional, puesto que a partir de ella se genera un cambio de paradigma en cuanto a la democracia, pasando de un sistema de gobierno representativo a un sistema que le otorga participación a los ciudadanos a través de múltiples formas de organización colectiva.
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La CRBV busca garantizar la libertad, la igualdad y la dignidad del pueblo venezolano como parte fundamental de sus principios y valores.
Derechos humanos
La Constitución de Venezuela establece en su artículo n° 23 que los "...tratados, pactos y convenciones relativos a derechos humanos, suscritos y ratificados por Venezuela, tienen jerarquía constitucional y prevalecen en el orden interno, en la medida en que contengan normas sobre su goce y ejercicio más favorables a las establecidas en esta Constitución y en las leyes de la República, y son de aplicación inmediata y directa por los tribunales y demás órganos del Poder Público."
De igual manera, a la par de la preeminencia de las garantías en cuanto a los derechos humanos, la ley establece la progresividad e irreversibilidad de los derechos del pueblo.
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Libertades civiles
En el tema de las libertades civiles se establecieron los derechos relativos al derecho de los venezolanos de tener una vida digna, y a la inviolabilidad de sus libertades personales.
A través de diversos artículos se estructuraron las disposiciones legales necesarias para que en Venezuela pudiese tener lugar un sistema de gobierno para el cual lo principal versaría sobre la igualdad y la justicia social, reivindicando a todos aquellos que fueron marginados en los periodos históricos anteriores.
Esta Constitución trajo al ejercicio del poder a un pueblo históricamente olvidado.
En ella además entraron en consideración los derechos de los pueblos indígenas venezolanos.
Libertades políticas
En cuanto a libertades políticas, la CRBV establece mecanismos para que el pueblo como depositario del poder constituyente originario, pueda organizarse para convocar a la transformación del Estado y redactar una nueva Constitución que se ajuste a las nuevas necesidades que se deban cubrir tras el paso del tiempo.
Los artículos que tienen relación con este derecho del pueblo venezolano son el 347, 348, 349 y 350.
La Constitución le dio el poder al pueblo desde el momento en que entro en vigencia tras el referéndum a través del cual se consultó su pertinencia. De igual manera representó un cambio en cuanto a la forma en que se compone el poder, pasando de una estructura de tres poderes públicos (Ejecutivo, Legislativo y Judicial), a dividirse en cinco poderes, incorporando al Poder Electoral y al Poder Ciudadano.
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Paradigma participativo en el ejercicio de la democracia
La participación de la ciudadanía en el ejercicio del poder, se encuentra consagrada en la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela.
El sistema de gobierno venezolano establece el principio participativo a través de estructuras como los Consejos Comunales.
De esta manera se cambia el principio establecido en la Constitución de 1961, que declaraba que un sistema de democracia representativa.
El artículo n° 62 de la Constitución establece mecanismos para que la población de Venezuela participe a través de consultas populares, de asambleas de ciudadanos y cabildos abiertos con decisiones consideradas vinculantes, inclusive el pueblo puede participar en la revocatoria del mandato de los funcionarios públicos a través de un referéndum.
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Esta innovación respecto a la participación de la ciudadanía también se puede contemplar en diversos artículos, tales como el 71,72,73,74, 132 y 184 entre otros.
A partir de este cambio, se contempla una descentralización del poder en cuanto a competencias y recursos, de manera que la población pueda involucrarse en el desarrollo de políticas públicas que se ajusten de manera más precisa a las realidades particulares de cada comunidad del país.
