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El Consejo Internacional del Apoyo al Juicio Justo y los DD.HH. (Icsft, por su sigla en inglés) expresó su preocupación ante las irregularidades encontradas en el informe sobre la detención del vicepresidente constitucional de Ecuador, Jorge Glas.
La organización constató que a pesar de que Glas no violó la prohibición de salida del país emitida el 29 de agosto de 2017, el juez nacional Jurado Fabra ordenó la medida de encarcelación por alto riesgo de fuga.
"Nuestra organización comprueba que existen normas constitucionales violadas. El Icsft señaló que el tribunal aceptó como prueba un pen drive de Alfredo Alcívar Arauz que faltaba de legalidad y autenticidad", señaló en un comunicado la Icsft.
Glas no fue acusado por ningún procesado, por lo que no pudo probarse la asociación ilícita, tampoco fue nombrado por ninguno de los 45 testigos, en los documentos emitidos por el Departamento de Estado de EE.UU. no aparecen el nombre del vicepresidente y tampoco aparece en el informe de la Asistencia Penal Internacional de Panamá ni en la informática forense que contiene información sobre los supuestos sobornos de Odebrecht.
Dado que el proceso contra el vicepresidente ecuatoriano está viciado de inconstitucionalidad y viola las leyes internacionales, la organización pidió condenar la politización del "anti- proceso denigrante y violatorio del derecho nacional e internacional".
A su vez, exigió condenar las investigaciones a favor de los actos violatorios que afectan la integridad de Glas y de la soberanía del pueblo ecuatoriano que eligió al vicepresidente de manera directa y popular.
"Pedimos la revocatoria de los decretos u órdenes que afecten la integridad del vicepresidente, su familia y allegados, exigimos a las autoridades y legisladores ecuatorianos la anulación del proceso, la puesta en libertad del presidente y el reintegro inmediato al cargo para el que fue elegido", dicen en el comunicado desde la organización.
Instaron al Grupo de Trabajo sobre Detención Arbitraria ante Naciones Unidas investigar y actuar eficientemente en el caso del vicepresidente ecuatoriano basados en la resolución 6/4 del Consejo de Derechos Humanos sobre la detención arbitraria.
