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El informe presentado en la DES también determinó que en Colombia persiste la desigualdad en la tenencia de la tierra.

El informe presentado en la DES también determinó que en Colombia persiste la desigualdad en la tenencia de la tierra. | Foto: EFE

Publicado 19 septiembre 2017



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El informe también revela que las muertes por desnutrición infantil aumentaron en la última década en ese país.

Colombia tiene 15 millones de personas en condiciones de pobreza y el 0,4 por ciento de personas tiene en su poder el 40 por ciento de la tierra, según el informe presentado este martes por organizaciones sociales, a propósito de la 72 sesión del Comité del Pacto de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales, DES, de las Naciones Unidas. 

De igual forma, el informe realizado por 75 organizaciones y redes de organizaciones civiles, corroboró que Colombia continúa siendo el segundo país más inequidad de la región. El 42 por ciento de los hogares del país vive en inseguridad alimentaria y el 13 por ciento de los menores de edad se encuentran en desnutrición crónica.

Acceso a la alimentación 

Los avances del Estado colombiano en el cumplimiento y garantía al derecho a la alimentación son muy pocos. El 42 por ciento de hogares viven en inseguridad alimentaria, el 57,7 por ciento de esas familias viven en áreas rurales, mientras que el 38,4 por ciento en zonas urbanas.

En relación con la desnutrición infantil se pudo establecer que, desde enero hasta el 2 de noviembre de 2016, en la Guajira fallecieron 66 niños por hambre, pertenecientes al pueblo indígena Wayúu. Además, en la última década, en Colombia han muerto aproximadamente 2.000 niños y niñas por ese mismo motivo.

El informe presentado en la DES también determinó que en Colombia persiste la desigualdad en la tenencia de la tierra, donde un 40 por ciento del área censada está ocupada por el 0,4 por ciento de unidades productivas, en contraste el 4,8 por ciento del área censada está ocupada por el 69,9 por ciento de la población.

Una de las denuncias más importantes que hace el informe, es que a partir de 2002 hubo un incremento en la otorgación de títulos mineros e hidrocarburos y llega a 4,9 millones de hectáreas en el país, por lo que afecta a grupos indígenas y provoca vulneración al medio ambiente.


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