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El Gobierno de Rodrigo Duterte, presidente de Filipinas lleva más de un año con la implementación de un plan antidrogas que ha generado la muerte de más de 12.000 personas.
Diferentes organismos se pronuncian en contra de la amplia gama de violaciones a los derechos humanos desde que Duterte asumió la presidencia.
Amnistía Internacional para el Sudeste Asiático y el Pacífico indicó que "Duterte llegó al poder jurando librar a Filipinas del crimen. En su lugar, miles de personas han sido asesinadas a millares - o por orden de - una fuerza de policía que actúa fuera de la ley, por orden de un Presidente que no ha mostrado más que desprecio por los derechos humanos y por la gente que los defiende".
"La campaña violenta de Duterte no ha terminado con el crimen ni ha resuelto los problemas asociados con las drogas. Lo que ha hecho es convertir el país en un lugar aún más peligroso, socavó aún más el imperio de la ley y le valió la fama de líder responsable de la muerte de miles de sus propios ciudadanos ", expresó en declaraciones anteriores James Gómez, director de Amnistía Internacional para el Sudeste Asiático y el Pacífico.
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La organización de Amnistía Internacional presentó el mes de febrero un informe donde documentó como las fuerzas policiales asesinaban a la mayoría de sospechosos de ser consumidores o vendedores o le pagaban a terceros para matarlos y evadir su responsabilidad.
A estos señalamientos el secretario de Justicia de Filipinas respondió que las personas asesinadas no eran "humanidad".
Los casos registrados por la guerra antidroga equivalen a crímenes de lesa humanidad, según señalan diferentes organismos.
Amnistía Internacional pidió al Estado a que invite al Relator Especial de las Naciones Unidas sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias y arbitrarias a visitar oficialmente el país y que el Consejo de Derechos Humanos inicie una investigación dirigida por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre la "guerra contra las drogas".
Defensores de los derechos humanos también son amenazados
El mandatario Duterte amenazó con "matar" y "decapitar" a los activistas de derechos humanos, tras una declaración pronunciada en el Palacio Presidencial en mayo de 2017, por sus críticas en contra del récord del país.
>>Más de 3 mil muertos en operaciones antidrogas en Filipinas
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