Comunidades y organizaciones sociales responsabilizaron al Gobierno de Colombia por la masacre.
Este sábado, médicos forenses de Medicina Legal entregaron un informe dando cuenta de la identidad de algunos de los campesinos asesinados en Tumaco, Colombia, como también establecieron detalles respecto del crimen.
La investigación indicó que "los cuerpos presentan lesiones causadas por proyectil de alta velocidad", señalando que los disparos fueron hechos a larga distancia.
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Asimismo, se identificaron seis de las víctimas fatales, cuyos cuerpos serán entregados a las familias en las próximas horas.
#Ahora
— Agencia Prensa Rural (@PrensaRural) 6 de octubre de 2017
En Pasto #Nariño se desarrolla plantón en solidaridad con los campesinos de Tumaco, víctimas de la masacre.#EnTumacoCrimenDeEstado pic.twitter.com/Q509uYjxzN
El jueves 5 de octubre, un grupo de campesinos de Tumaco que protestaba pacíficamente por la erradicación forzada de sus cultivos, fue asesinado por la policía. Así lo indican los trabajadores de la localidad, negando la versión de las fuerzas públicas y el Ejército, quienes insisten en que el fuego fue iniciado por disidentes de las Farc.
Por lo mismo, las comunidades y organizaciones sociales en solidaridad con el campesinado, responsabilizaron al Gobierno de Colombia por la masacre, acusándolo de no haber cumplido el cuarto punto del pacto por la Paz, que se refiere al programa de los cultivos ilícitos, señalando que estos deben hacerse por sustitución y no por erradicación forzada; como se está llevando a cabo, originando la protesta del pasado jueves.
Erradicación forzada o plomo. Los 9 campesinos masacrados se hubieran evitado si @JuanManSantos estuviera cumpliendo punto 4 acuerdo de paz. pic.twitter.com/do6EE8pzXE
— Ángela Robledo (@angelamrobledo) 6 de octubre de 2017
Por su parte, el vicepresidente, de Colombia, Oscar Naranjo, permanecerá durante ocho días en la localidad para reunirse con representantes de las comunidades, entre líderes y defensores de derechos humanos. Al tiempo que Fiscalía, Procuraduría, Defensoría y la Organización de las Naciones Unidas (ONU) realizan trabajos para establecer autorías y responsabilidades.