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El Gobierno de Colombia tendrá que pagar 2.500 millones de pesos (833.00 dólares) a los familiares de los tres jóvenes que fueron asesinados en Cali en el 2008, durante las prácticas conocidas como "falsos positivos" o asesinatos extrajudiciales.
"La Sección Tercera, Subsección C, del alto tribunal estableció que la Nación -Ministerio de Defensa y Ejército Nacional- es responsable del daño por falla en el servicio causado por la muerte violenta de estos tres ciudadanos, ocurrida el 28 de febrero de 2008", indicó el Consejo de Estado en un comunicado.
Las víctimas identificadas como José Yiner Enríquez, Gerardo Antonio Moreno y José Never Ramos fueron asesinados el 28 de febrero de 2008 en la localidad de Ibagué, departamento de Tolima, quienes eran comerciantes y fueron presentados como criminales.
Según el expediente de los jóvenes, un hombre los contactó e invitó a desenterrar un dinero que escondía el propietario de una finca en Potrerillos con la promesa de que entre todos se repartirían el botín.
Por la ejecución extrajudicial de tres jóvenes víctimas de los denominados 'falsos positivos', el @consejodeestado le impuso a la Nación una condena de más de $2.500 millones de pesos e impartió directrices tendientes a ejercer control de convencionalidad https://t.co/06ZzukzEva
— Consejo de Estado (@consejodeestado) 30 de noviembre de 2017
Al llegar al sitio los colombianos se encontraron con militares del Ejército de Colombia, que estaban en la finca desde hace dos días. Les dispararon a los jóvenes y luego los presentaron como delincuentes que pretendían secuestrar al dueño de la finca.
Los tres jóvenes de Cali fueron presentados como muertos en falsos enfrentamientos armados y "este es un acto que ofende y niega profundamente la dignidad humana y que ataca los principios de humanidad en los que se sustenta la sociedad moderna actual", destacó la sentencia.
En la defensa de los militares alegaron que se enfrentaron con los jóvenes, pero el Consejo del Estado determinó que el caso era imposible porque las víctimas fallecieron por disparos a corta distancia.
El tribunal colombiano declaró el crimen como de lesa humanidad. La sentencia también señaló el caso como falsos positivos que constituyeron una práctica sistemática por unidades militares en algunas zonas del territorio nacional.
