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Los funcionarios fueron señalados de incitar a la desobediencia civil y la insurrección valiéndose de la población.

Los funcionarios fueron señalados de incitar a la desobediencia civil y la insurrección valiéndose de la población. | Foto: EFE

Publicado 3 noviembre 2017

La jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, atendió al pedido de la Fiscalía y ordenó prisión incondicional para los funcionarios por delito de rebelión.

El exvicepresidente del Gobierno de la Generalidad, Oriol Junqueras y otros siete exconsejeros, investigados por delito de rebelión, ingresaron a prisión  incondicional, así lo acordó la jueza de la Audiencia Nacional, Carmen Lamela, esto atendió al pedido hecho por la Fiscalía.

Ante el "alto riesgo de reiteración delictiva y de fuga" fueron puestos en prisión, agregó la jueza y señaló que hay algunos querellados, como el presidente cesado Carles Puigdemont, que no atendieron a la citación.

Lamela señaló en su documento de 19 páginas que el poder adquisitivo de los consejeros cesados les permite abandonar fácilmente el país y sobrevivir en el extranjero por lo que consideró pertinente la medida cautelar. 

Miles de catalanes protestan frente al Parlamento catalán para defender al presidente Carles Puigdemont. Fuente: EFE

 

Recordó que algunos acusados ya se desplazaron a otros países y eludieron las responsabilidades penales en las que pudieran haber incurrido, esto en referencia a Puigdemont y otros cuatro consejeros que permanecen en Bruselas. 

El dato: Lamela acusó a los señalados de "valerse de la población para crear un clima de insurrección pública, desobediencia y de resistencia colectiva a la autoridad legítima del Estado". 

Consideró su decisión "adecuada, razonable y proporcionada" y acordó prisión sin fianza para el exvicepresidente Junqueras, y los consejeros Jordi Turull, Josep Rull, Meritxell Borrás, Joaquim Forn, Raúl Romeva, Carles Mundó y Dolors Bassa. 

El único que podrá eludir esta medida cautelar será el exresponsable de la Empresa de la Generalitat, Santi Vila, para quien se fijó una fianza de 50.000 euros (58.292,5 dólares), aunque de momento entrará a prisión.  

La condena por delito de rebelión alcanza los 25 años, la sedición acarrea 15 años de cárcel y ocho años por delito de malversación de fondos, que puede elevarse a 10 en caso de que se produzca falseamiento de la contabilidad. 

>> Miles de catalanes exigen liberación de funcionarios detenidos

 

El auto de la jueza añadió que la acción del Gobierno catalán, cesado el 27 de octubre, fue "medida y perfectamente preparada y organizada" y que durante más de dos años incumplió las resoluciones del Tribunal Constitucional en "pro de la independencia". 


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