El secretario de Educación Pública de México, Aurelio Nuño Mayer, informó este lunes que cerca de dos mil maestros están apunto de ser suspendidos en los estados de Chiapas, Oxaca, Michoacán y Guerrero.
"Estamos hablando de 500 en el caso de Chiapas; 80 en el caso de Michoacán, y más o menos 20 en el caso de Guerrero", dijo.
El dato: La ausencia de los maestros de las aulas de clases se debe a un paro nacional para exigir al Gobierno de Enrique Peña Nieto que se derogue la reforma educativa, pues consideran que atenta contra sus derechos laborales.
Mayer aseguró que estos maestros están siendo notificados del proceso de despido, por lo que aclaró que los docentes tienen 10 días hábiles para responder y explicar por qué razón faltaron a clases y después de eso, se dará la baja a donde corresponda y por supuesto la sustitución.
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Ante las mesas de diálogos y de negociación, aseguró que "son diálogos regionales, es decir, las mesas están en los estados y así es en los estados en el caso de Michoacán y así están empezando hacer en el caso de Oaxaca que son los dos estados en donde se tienen mesas formales y en el caso de Guerrero también se está avanzando en un diálogo pero no con una mesa formal".
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"Se está haciendo un camino para que estos maestros conforme a la ley puedan ser regularizados", indicó el secretario de educación mexicano, quien a su vez aseguró que a dos años de la desaparición de 43 jóvenes de la escuela Normal de Ayotzinapa, avanza como nunca antes y se ha invertido en infraestructura en un 200 por ciento más y varios normalistas, ya ejercen como maestros.
En contexto
El pasado 14 de septiembre los Maestros del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación de México, adheridos a la CNTE, informaron que no regresarían a clases luego de que fuera suspendida la Asamblea Estatal en la que se votaría para levantar el paro.
Antes de realizarse la asamblea, la sección 40 de la CNT decidió no regresar a laborar el pasado lunes 19 de septimbre, como aseguraba el secretario de Educación del estado, Roberto Domínguez. Consideraron que no había garantía alguna de que el gobierno de Peña Nieto cumpliera su promesa de diferir en Chiapas la aplicación de la reforma educativa.
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