Santiago Maldonado, un artesano argentino de 28 años, desapareció el pasado 1 de agosto en una protesta mapuche por la ocupación de sus tierras. Desde la fecha de su desaparición, la población de Argentina y el mundo han exigido su búsqueda y aparición con vida.
Reclaman e inculpan a varias autoridades policiales y del Gobierno de Mauricio Macri, por ser los responsables de la represión durante la protesta mapuche en Cushamen donde se encontraba Santiago, expresando su descontento junto al pueblo mapuche por haber sido despojados de sus tierras para entregarlas a empresarios extranjeros.
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Secuelas de la dictadura
“La pronta repercusión que adquirió el caso de la detención-desaparición de Santiago Maldonado, la pregunta para conocer su paradero y la exigencia al gobierno nacional para que se haga cargo de su responsabilidad despertaron alarmas y miedos, pero también los peores rechazos”, expresa Giuliana Sordo en su artículo de Reflexiones sobre la desaparición de Santiago Maldonado: Dijimos Nunca Más.
Sordo asegura que “se expuso el reclamo por otros desaparecidos en democracia, delitos de anteriores gobiernos y el ninguneo hacia el pedido por la presente desaparición”.
La dictadura y los desaparecidos en Argentina
El Proceso de Reorganización Nacional fue una dictadura cívico-militar que imperó en Argentina desde 1976 a 1983, uno de los periodos donde los derechos humanos fueron silenciados e ignorados.
Para instaurar este nuevo gabinete llevaron a cabo un golpe de Estado, con la excusa de que Argentina sufría una inestabilidad política y económica, violencia extrema y crisis institucional.
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La dictadura pretendía acabar con los fenómenos subversivos, liquidar la corrupción en los medios gubernamentales, lograr una transformación económica y social y para ello implementarían una economía neoliberal dentro de un régimen totalitario.
Durante la dictadura, hubo entre 9.000 a 30.000 desapariciones forzosas, que dejaron intensas secuelas en la memoria histórica de Argentina.
“En todas las desapariciones, de 1983 hasta la fecha, el Estado es responsable, eso es claro y no es discutible. Por acción u omisión, las instituciones estatales son responsables de las desapariciones en democracia y, por lo tanto, también lo son todos los gobiernos constitucionales”, aseveró Sordo.
Añadió que “las desapariciones forzadas en democracia garantizadas por un aparato represivo que mantiene prácticas como la tortura, la desaparición y la muerte, dirigidas, en particular, a los sectores más vulnerables, no solo se dan de forma casi cotidiana, sino que se producen ante la invisibilidad de los medios masivos de comunicación y la mayoría de la sociedad”.
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Estado fallido
El Centro Regional de Defensa de Derechos Humanos “José Ma. Morelos y Pavón” A. C, declara que los desaparecidos, desplazados y ejecutados son una muestra del Estado fallido.
El Estado en esta condición intenta ocultar el exterminio de las miles de personas que han tenido que pagar las consecuencias históricas de la corrupción y el autoritarismo gubernamental.