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Se ordenó comunicar del inicio del trámite de nulidad de la sentencia al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos.

Se ordenó comunicar del inicio del trámite de nulidad de la sentencia al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos. | Foto: Colprensa

Publicado 17 julio 2017



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El estudio evaluará la decisión de la Corte que el 17 de mayo permitió que el Congreso modificara las leyes de paz que se tramitan en el Congreso por la vía rápida (fast- track). 

La Corte Constitucional de Colombia anunció este lunes que estudiará una solicitud de nulidad del Gobierno colombiano para que sea revocado un fallo que le puso límites a la rápida implementación de los acuerdos de paz con las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia- Ejército del Pueblo (FARC- EP).

La Corte estudiará las tres nulidades que presentó el delegado de las FARC- EP, Seusis Pausias Hernández, conocido como Jesús Santrich, la Comisión Colombiana de Juristas y la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado por presunta violación del derecho al debido proceso.

El estudio evaluará la decisión de la Corte que el 17 de mayo permitió que el Congreso modificara las leyes de paz que se tramitan en el Congreso por la vía rápida (fast- track) luego de argumentar que es necesario respetar la Constitución y proteger la separación de poderes por encima de cualquier otro interés político. 

Ese hecho llevó a que las FARC- EP se declararan en asamblea permanente y generó la mayor tensión política desde el triunfo del no en el plebiscito por la paz en octubre, ya que quienes respaldan los acuerdos señalaron que dicho fallo puede ser aprovechado por la oposición para dilatar aún más la implementación.

En el auto firmado por el magistrado Antonio José Lizarazo Ocampo se ordenó comunicar del inicio del trámite de nulidad de la sentencia al presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, que tendrá la posibilidad de emitir un concepto ante la Corte sí así lo desea. 

Lo mismo podrá hacer el presidente del Congreso y los integrantes del Centro Democrático por ser quienes presentaron la demanda contra el Acto Legislativo para la Paz que motivó la sentencia. 

La Corte invitó igualmente a presentar intervenciones a la Agencia Colombiana para la Reintegración, el Centro Nacional de Memoria Histórica, la Academia Colombiana de Jurisprudencia, a la Conferencia Episcopal y a los decanos de las facultades de derecho de siete universidades. Igualmente, le dio la posibilidad al procurador general Fernando Carrillo Flórez.

El Gobierno colombiano y las FARC-EP firmaron el 24 de noviembre un Acuerdo Final de Paz a través del cual se busca poner término a más de medio siglo de conflicto armado en el país y reparar a las víctimas del mismo. 


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