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El 11 de octubre de 1987 el candidato presidencial por el partido Unión Patriótica, Jaime Pardo Leal, fue asesinado cuando regresaba con su familia de su finca en La Mesa, departamento de Cundinamarca, centro de Colombia.
El asesinato de Jaime Pardo Leal formó parte del genocidio político desatado contra los integrantes de la agrupación política Unión Patriótica UP.
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A 30 años de su asesinato, Colombia vive un irregular proceso de paz. Numerosos líderes sociales también han sido masacrados en los últimos años.
Lucha política
Desde muy joven, Pardo Leal militó en la Juventud Comunista Colombiana y después en el Partido Comunista Colombiano. En la Universidad Nacional estudió derecho y fue conocido como un activista y dirigente estudiantil. Una vez graduado, se vinculó a la defensa de las causas sindicales.
En 1986, ante la imposibilidad de mantener la candidatura presidencial de Jacobo Arenas por la Unión Patriótica, según lo previsto en los Acuerdos de La Uribe, debido a las múltiples amenazas y falta de garantías para su seguridad personal, el Pleno de la Dirección Nacional de la UP propuso el nombre de Jaime Pardo Leal para competir en las venideras elecciones.
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En los comicios de 1986, Pardo Leal obtuvo una altísima votación en un tiempo muy corto de campaña electoral, y en medio de un ambiente de violencia generalizado marcado por las intimidaciones, las falsas judicializaciones y la estigmatización política y social.
Como parte de su proyección política alzó la voz para denunciar la peligrosa alianza entre la fuerza pública y grupos narcoparamilitares, una situación latente hoy en la nación neogranadina.
Contra el exterminio de la UP
Jaime Pardo siempre denunció con valor y mucha claridad las alianzas entre la clase política, el narcotráfico y el paramilitarismo, y la responsabilidad del Estado en las persecuciones y asesinatos de que eran objeto los militantes de la UP.
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El 18 de marzo de 1987, Pardo denunció ante los medios masivos de comunicación con “pruebas en mano”, nombres y grados, que oficiales y suboficiales de las Fuerzas Armadas - Ejército y Policía- estarían implicados en graves violaciones de los derechos humanos cometidas contra su movimiento político. También acusó a la policía de los municipios de Segovia y Remedios (nordeste de Antioquia) de pertenecer al grupo paramilitar Muerte a Revolucionarios del Nordeste (MRN).
También reveló el plan sistemático de exterminio que se estaba consolidando en Colombia con la aquiescencia del Estado colombiano, que producía miles de asesinatos, desplazamientos masivos de campesinos, desapariciones forzadas, arrestos arbitrarios, estigmatizaciones políticas y sociales.
“Se han masacrado de la manera más salvaje a varios dirigentes y militantes de nuestro movimiento político, en consecuencia le hemos dicho al gobierno nacional que nos defina si tenemos derecho a vivir o no en nuestro país”, declaró Pardo a través de los medios de comunicación en ese momento.
El genocidio perpetrado contra los miembros de Unión Patriótica, durante el cual se contabilizaron en más de cuatro mil los miembros asesinados, fue declarado en 2014 como delitos de lesa humanidad.
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Pardo Leal, su familia, los periodistas y el país entero sabían que lo iban matar. Y así fue como ocurrió la tarde del domingo 11 de octubre de 1987.
Treinta años han transcurrido y Colombia no supera estos capítulos de violencia. A pesar de adelantarse un proceso de paz, no logra detener aún los asesinatos de líderes sociales, excombatientes de la insurgencia y de sus familiares.
