Cicig inicia su último mandato de dos años en Guatemala

La Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (Cicig) comenzó este lunes su último mandato por un período de dos años, en medio de una crisis institucional tras la pretensión del mandatario Jimmy Morales de destituir a su titular, Iván Velásquez.

Morales prorrogó el mandato de la Cicig el 12 de diciembre de 2016 durante un encuentro que realizó a la sede de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en Nueva York.

Este acuerdo firmado entre la ONU y el presidente Morales firmado en diciembre del año pasado fue publicado este lunes en el Diario de Centroamérica, y expresa que el Estado se compromete a cumplir y ejecutar "fielmente las disposiciones".

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Desde 2007 se estableció en Guatemala la Cicig por un lapso de dos años, con el fin de desmantelar las estructuras paralelas de seguridad, sin embargo, estos periodos de mandato se han ido postergando y vence su última orden en 2019.

La Cicig logró desarticular en abril de 2015 una estructura criminal autodenominada "La Línea" que se dedicaba a defraudar las aduanas de Guatemala.

Esta organización criminal era dirigida por el entonces mandatario del país, Otto Pérez Molina y su vicepresidenta Roxana Baldetti, según arrojó la investigación realizada por la Cicig y el Ministerio Público (MP).

Baldetti renunció a su cargo y fue detenida y procesada por corrupción, Pérez Molina fue detenido luego de dimitir tras ser desaforado por el Congreso, ambos en el 2015.

La Cicig y la Fiscalía Especial Contra la Impunidad (Feci) del MP, han publicado una serie de casos, el último implica al presidente Jimmy Morales, en un delito de financiación electoral ilícita, por el que ambas instituciones solicitaron a la Corte Suprema de Justicia (CSJ) que le levante el fuero para que sea investigado.

La CSJ tiene programado reunirse este lunes para comenzar a analizar las peticiones de la Cicig y del MP en contra de Morales. Además de evaluar las solicitudes presentados por particulares por obstrucción a la justicia y abuso de autoridades, por la decisión de Morales de declarar no grato a Iván Vélasquez y ordenar su expulsión del país.

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