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Ciudadanos españoles se han concentraroneste lunes frente al Congreso de los Diputados para exigir el fin de "la impunidad franquista" coincidiendo con el 42 aniversario de la muerte de Francisco Franco, el 20 de noviembre de 1975.
Los concentrados corearon consignas contra la Ley de Amnistía de 1977, que han definido como "el pacto genocida del 78" y cuya anulación han reclaman, asi mismo instaron al Gobierno español ha reformar las políticas de estado que siguen vigentes desde la época del franquismo.
Grupos sociales y ciudadanos han denunciado la instauración de prácticas franquistas dentro del gobierno de Mariano Rajoy y el Partido Popular ( PP). Una muestra de esta practica se observa en la Ley Mordaza, la ausencia de una ley de víctimas del franquismo, la acciones contra las región de Cataluña y la no reforma constitucional.
A más de 40 años de la muerte Francisco Franco, cientos de calles, edificios públicos, plazas conservan el nombre del dictador a pesar de los reclamos del pueblo español de retirar el nombre del exgobernante.
Políticas del franquismo
Francisco Franco condujo a España a muchos cambios durante su dictadura, especialmente al mantener una política económica basada en la autarquía, un sistema económico en el que se evitan las importaciones.
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Durante esta etapa, se hicieron prioritarios aspectos como la concentración de todas las decisiones en el Ejecutivo, el Ejército pasó a ser el principal elemento de represión contra sus opositores, e incluso se negó a promulgar leyes.
Otra de las características que se practicaban durante el franquismo era la importancia del Gobierno en todos los aspectos de la nación, mantenía las ideas obreristas, socialistas y anarquistas, al tiempo que repudió las medidas modernizadoras, como la ley de divorcio.
Sin embargo, luego de la muerte de Franco en 1975, algunas cosas han cambiado hasta ahora y otras se mantienen más de 40 años después.
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Prácticas del Franquismo
Al momento de tomar el poder el ex Rey de España, Juan Carlos de Borbón, quien fue elegido por Franco para ser su sucesor, creó una Constitución en la que se consolidaban ideales similares a los del franquismo, entre los que se encontraba el mantenimiento de la monarquía y la vital importancia del Ejército, antes que el pueblo.
Por otra parte, la represión y desplazo que existe hacía Cataluña, País Vasco y Galicia se mantiene. Estas regiones mantienen sus intentos por independizarse de España, que no es aceptado, debido que es catalogado como un acto de traición o intento de socavar la soberanía territorial española.
Desde el 1° de julio de 2015 está vigente en España la Ley Mordaza, que supone fuertes restricciones en el derecho a la protesta. Durante la dictadura de Franco en España existió desde 1963 hasta 1977 el Tribunal de Orden Público, amparado en la ley homónima que reprimía conductas consideradas por el régimen como delitos políticos.
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La ley franquista condenaba "aquellos delitos cometidos en todo el territorio nacional, cuya singularidad era subvertir, en mayor o menor gravedad, los principios básicos del estado o sembrar la zozobra en la conciencia nacional".
Ambas leyes contemplan la creación de un registro central de infracciones contra la seguridad ciudadana para controlar la "reincidencia" de los sancionados. Ese órgano dependerá del ministerio del Interior, excepto en las comunidades con policía autonómica que tendrán sus propios registros.
En torno a una ley para la verdad, justicia y reparación de las víctimas del franquismo, el actual gobierno español no ha aportado a la reivindicación, ni promueve profundizar en las investigaciones de los crímenes.
La Comisión de la verdad, constituida por más de 100 organizaciones que agrupan a los familiares de las víctimas de la dictadura, ha exhortado al Gobierno de Rajoy a investigar los crímenes y subrayan que España incumple sus compromisos con los derechos humanos.
A pesar de que la actual Constitución española es posterior a la muerte de Franco, esta fue redactada conservando las lineas políticas y conservadoras del exdictador.
La Ley de Principios del Movimiento Nacional rigió su Gobierno, lo que derivaría en la aprobación de la Ley de Reforma Política y luego la Constitución en 1978, tres años después de la muerte del dictador.
Desde los movimientos sociales han denunciado la necesidad de reformar aspectos políticos, económicos y sociales de la carta magna, hecho que los principales partidos españoles se han negado a discutir en el seno del congreso español.
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