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La Comisión Europea (CE) en su Informe España 2017, que presentará este miércoles, alerta que los altos niveles de desigualdad, pobreza y exclusión social en la nación están "entre los más elevados de la Unión Europea (UE)".
“La elevada deuda interna y externa, pública y privada constituye una vulnerabilidad significativa que expone a España a los shocks de los mercados, que podrían tener implicaciones sobre la economía real, especialmente en un contexto de muy alto desempleo”, advierte el análisis de Bruselas.
En el informe se destacan otros puntos débiles de España, el 13,1 por ciento de los trabajadores españoles está en riesgo de pobreza. "La desigualdad entre el 20 por ciento más rico y el 20 por ciento más pobre es una de las más elevadas y sigue al alza". Mientras tanto, el índice de Gini (uno de los indicadores estrella de desigualdad) está también "entre los más altos de la UE".
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El documento además expone que existe en España una "falta de coordinación" entre los servicios de empleo y sociales; el apoyo a las familias es bajo según los estándares europeos, la tasa de temporalidad en el empleo es la segunda peor de Europa y no ha conseguido reducir la reforma laboral.
"Los altos índices de contratos temporales (el 27 por ciento, solo mejor que Grecia) tienen consecuencias sociales negativas", "socavan el alza de la productividad y tienen implicaciones fiscales negativas", en especial sobre la Seguridad Social, que lleva cinco años en rojo, señala el informe.
Bruselas indica que cada ocho trabajadores está en riesgo de pobreza. El 28 por ciento de los ciudadanos está en riesgo de exclusión social; un tercio de los niños entran en esa categoría.
La CE apunta en su informe sobre España que tiene “progresos limitados” en lo laboral, critica la falta de coordinación de los servicios sociales y la falta de avances en educación.
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Asimismo, insiste en los limitados progresos en la ley de unidad de mercado y en la reforma del sector comercial, por problemas en las autonomías. No se ve en España “ningún avance” en la reforma de los servicios profesionales: en las profesiones reguladas, como los registradores de la propiedad.
