Asesinato de ecologistas quiebra plan de Hernández en Honduras

Las elecciones presidenciales de Honduras se han visto marcadas por concentraciones en rechazo a la reelección del actual mandatario Juan Orlando Hernández. Quienes lo adversan denuncian, entre otras cosas, los crímenes contra activistas ambientales y la impunidad en los mayoría de los casos. 

Desde que Juan Orlando Hernández llegó a la Presidencia en enero de 2014, se ha registrado el asesinato de al menos seis activistas ambientales. Aunque la organización Global Witness, que documenta los crímenes contra los ecologistas en el mundo, precisó que 123 ambientalistas fueron asesinados en el país desde 2010, entre ellas la de Berta Cáceres en marzo de 2016. 

Berta Cáceres fue asesinada el 3 marzo de 2016 producto de seis disparos mientras dormía en su vivienda, ubicada en la localidad La Esperanza.

La activista mantenía una batalla legal contra la empresa Desarrollos Energéticos S.A. (DESA) por la construcción de una represa en el Agua Zarca, con la cual se desalojaría del territorio a indígenas lenca.

Según un informe del Grupo Asesor Internacional de Personas Expertas (Gaipe) la muerte de Cáceres fue planificada por agentes estatales y jefes de la constructora DESA, que buscaba construir una represa en tierras sagradas para el pueblo Lenca, principal comunidad indígena en Honduras.

La activista basó su lucha en la protección de los indígenas y el ambiente, demostró abiertamente su rechazo hacia el régimen de Hernández y apoyó al expresidente Manuel Zelaya, removido de su cargo por un golpe de Estado promovido por la oligarquía hondureña. 

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Hondureños exigen a Hernández justicia para Cáceres

A través de múltiples manifestaciones, los hondureños exigen al Gobierno de Hernández que se haga justicia con el asesinato de Cáceres, en especial las mujeres garantes de los derechos de género y grupos feministas. 

Las mujeres podrían jugar un papel importante en estas elecciones, debido a que representan un 51,06 por ciento de los electores según el registro del Censo Nacional Electoral (CNE) de Honduras. 

Por su parte, el defensor hondureño de Derechos y Libertad de expresión, Andrés Molina, en una entrevista para teleSUR señaló que el caso Cáceres “evidenció la impunidad que mantienen el grupo de poder en Honduras y los patrocinadores de la reelección de Juan Orlando Hernández”.

Molina indicó que el pueblo hondureño asocia el caso de Berta con la impunidad y acusa al Gobierno de ser “responsable directo o indirecto del asesinato de Cáceres, que fue criminalizada por el presidente Hernández”. 

El defensor explicó que los hondureños también perciben al presidente como protector de los autores intelectuales del asesinato de la activista porque, a pesar de que existen algunos detenidos, aún no están tras las rejas todos los responsables.

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