¿Qué se ha cumplido del Acuerdo de Paz de Colombia en un año?

El Acuerdo Final de Paz firmado entre el Gobierno colombiano y el exgrupo insurgente Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia - Ejército del Pueblo (FARC-EP) el 24 de noviembre de 2016, marcó un giro importante en la historia de la nación suramericana.

Durante 52 años de conflicto armado entre el Ejército y los exinsurgentes, el presidente Juan Manuel Santos indicó que unas 8.376.463 personas resultaron afectadas.

 

El Registro Único de Víctimas (RUV) detalló que del total de víctimas, 7.134.646 fueron desplazadas, 983.033 por homicidios, 165.927 por desapariciones forzadas y 34.814 secuestradas, entre otros casos.

Ante estas alarmantes cifras, se estableció en La Habana (Cuba) un diálogo que duró cuatro años (2012-2016) y contó con los testimonios de víctimas, para alcanzar la firma del acuerdo que orientó a Colombia hacia la sana convivencia, la tolerancia y el perdón.

Esta nueva propuesta, tras el rechazo del primer documento en el plebiscito del 2 de octubre, incluyó sugerencias de diferentes sectores sociales, entre ellos, víctimas del conflicto y la Iglesia.

A un año de la firma de este emblemático acuerdo para el cese del conflicto armado más largo de América, el avance en el cumplimiento de los aspectos más importantes ha sido lento ante la necesidad de concretar uno de los deseos más fervientes de la población: la paz. 

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Nuevo partido político en Colombia

Fuerza Alternativa Revolucionaria del Común (FARC) fue el nombre elegido por el exgrupo insurgente en su Congreso Fundacional de septiembre pasado. Esta incursión en la política colombiana fue un logro alcanzado y permite a sus miembros optar a cargos políticos mediante elecciones.

Para los próximos comicios de 2018, la FARC anunció que su candidato para la Presidencia de Colombia será Rodrigo Londoño Echeverri, mejor conocido como Timochenko, y presentaron a sus aspirantes para el Senado y la Cámara de Representantes que, según lo acordado con el Gobierno, tendrá cinco puestos en cada uno.

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Dejación de armas

Casi siete mil exinsurgentes entregaron sus armas, lo que tuvo un impacto positivo en el ámbito nacional al disminuir los casos de homicidios y salvar a más de tres mil vidas. En los 281 municipios destinados al postconflicto, se redujo en 27 por ciento casos de muertes violentas.

La Misión de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) inhabilitó en septiembre pasado unas 8.994 armas de fuego, de las cuales 1.817 eran pistolas y 170 revólveres; 6.177 fusiles de asalto, 28 fusiles de precisión, 6 escopetas, 13 submetralladoras y 274 ametralladoras, entre otras.

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Reincorporación social  

El director del Centro de Análisis y Asuntos Públicos, Juan Fernando Londoño, expresó que el proceso de reincorporación de los excombatientes avanza con lentitud, ya que son "más de diez mil personas a la vez, cuando antes se trataba de un proceso gradual y minoritario".

Además, los retrasos en este objetivo obstaculizan la consolidación de un óptimo escenario postconflicto, desde lo económico, político y social, ante la falta de garantías por parte del Estado.

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Aumento de cultivos ilícitos

La ONU informó que el cultivo de coca en el país pasó de 96.000 a 146.000 hectáreas entre 2015 y 2016, un incremento del 52 por ciento. Antes del comienzo de los diálogos de paz, los sembradíos registrados constaban de 47.000 hectáreas.

Pese a que el acuerdo de paz refiere a la sustitución voluntaria con la creación del Programa Nacional Integral de Sustitución de Cultivos, los campesinos han denunciado que las autoridades realizan la erradicación forzada.

El informe de la Fundación Paz y Reconciliación revela que el 50 por ciento de los cultivos se encuentra en diez municipios de cuatro departamentos colombianos: Nariño, Norte de Santander, Cauca y Putumayo.

Una de las principales razones para realizar esta actividad es económica, ya que los pobladores han reiterado que representa una alternativa de ingresos ante las condiciones de pobreza en las que viven.

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Asesinato de líderes sociales

En el informe del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur) reflejó que 78 líderes sociales han sido asesinados tras denunciar acciones violentas en contra de sus comunidades; medios locales reseñan que fallecieron casi 100 activistas mientras las autoridades afirman que son 54.

Además, se suman los más de 20 excombatientes asesinados y más de diez familiares en lo que va de 2017, a quienes el Estado debía brindar protección personal para consolidar su reintegración social como parte de lo pactado.

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La mujer en el proceso de paz

Grupos feministas se movilizaron al comienzo de las negociaciones para expresar que "la paz sin mujeres no va". Con la creación de la Subcomisión de Género, alcanzaron una representación de casi el 16 por ciento en la mesa de diálogo y la incorporación de un enfoque más equitativo e igualitario en el acuerdo.

Sin embargo, han denunciado la falta de garantías en los derechos de las mujeres y de las minorías étnicas, como la seguridad y el respeto a sus territorios, en la implementación del proceso de paz en la nación.

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Justicia Especial para la Paz

La Corte Constitucional de Colombia aprobó el sistema de Justicia Especial para la Paz (JEP) como mecanismo para juzgar a excombatientes que formaron parte del conflicto armado, pero será el Congreso quien determine las penas de los mismos.

La jurisdicción de la JEP no ha podido aprobarse por falta de quórum en las últimas sesiones, pese a que la vía rápida o "fast track", período estimado para ello, culmina el próximo 30 de noviembre y pone en riesgo su ejecución.

>> FARC pide a ONU intervenir por incumplimiento a acuerdo de paz