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El Gobierno de Francia decidió este martes endurecer los controles sobre los desempleados y aumentar las penas contra aquellos que no acepten las ofertas dictadas por un asesor.
En un comunicado, el Gobierno de Emmanuel Macron anunció que prevé triplicar hasta los 600 el número de inspectores de los desempleados antes de 2019 y sumar otros 400 para 2020.
La normativa enfatiza que aquellos que rechacen una oferta "razonable" de trabajo, según la valoración de la oficina de empleo, y quienes no llenen el registro mensual de búsqueda de empleo que se presentará el próximo año serán sancionados.
Negarse a un empleo ofertado conlleva a una sanción de eliminación de beneficios por desempleo por un mes por la primera infracción, dos meses por la segunda y cuatro por la tercera.
El Gobierno francés considera que los desempleados no se están esforzando lo suficiente para conseguir un trabajo, según información del ministerio de Trabajo y de algunos líderes sindicales.
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Al respecto, los sindicatos de trabajadores han dicho que la medida de Macron no busca ayudar a los desempleados, pero sí monitorearlos aún más.
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"Podemos ver que (el gobierno) quiere monitorear más a los buscadores de empleo, pero no ayudarlos mejor", dijo el representante de la Confederación Francesa Democrática del Trabajo (CFDT), Yvan Ricordeu.
