Al cierre del décimo día de paro nacional agrario, el miércoles 8 de junio la Cumbre Agraria denunció que el presidente Juan Manuel Santos se prepara para el uso de la fuerza represiva, en el marco de un tratamiento de guerra.

Desde el 30 de mayo, miles de familias campesinas, indígenas y de comunidades negras han salido a las calles para exigir el cumplimiento de los acuerdos firmados al momento de levantar las medidas de acción en 2013 y en 2014.

Entre otros puntos, las organizaciones populares plantean la democratización de la propiedad de la tierra y una transformación profunda del modelo productivo, que reemplace la actual orientación a favor del agronegocio y la gran minería por otra que promueva la agricultura familiar y la preservación de los cursos de agua. Además, apoyan los diálogos de paz con los grupos insurgentes, pero exigen que las organizaciones sociales formen parte de las mesas de paz y plantean la necesidad de poner fin a la represión militar y paramilitar contra el movimiento social colombiano.

En diez días de protestas, los bloqueos de carreteras han sido hostigados por el Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad), el cuerpo de elite de la Policía Nacional de Colombia encargado de reprimir las manifestaciones. El saldo, tres indígenas asesinados: Willington Quibarecama Nequirucama, el primer día de protestas; y Gersaín Cerón Guainas y Marco Aurelio Díaz, el jueves 2 de junio. Y al menos 130 personas detenidas.

Hasta el momento, el gobierno nacional se niega a establecer un diálogo unificado e intenta dividir la protesta con demandas parciales. Pese a esto, las vocerías de la Cumbre Agraria, principal espacio de unidad del movimiento popular, afirman que el paro continúa.

En la tarde del 8 de junio, una movilización respaldó las demandas de campesinos en Bogotá. Poco después, la Cumbre Agraria difundió un comunicado en el que desmintió un supuesto acuerdo con el gobierno, “pues ni siquiera se han sentado a instalar con nosotros la Mesa Única de Negociación”. Y afirmó que “no se despejarán las vías, incluyendo varios tramos de la vía Panamericana, hasta que (la mesa única de negociación) no se instale, con las garantías de derechos humanos mencionados en múltiples ocasiones”.

“Hemos trasmitido, a través de garantes de la Defensoría del Pueblo, de la Organización de Naciones Unidas y de la Iglesia Católica, el mensaje con los requerimientos de garantías”, señala el texto, emitido desde Santander de Quilichao, Cauca, una de las zonas más calientes del paro. Pero “pese a los ingentes esfuerzos y las propuestas realizadas, el Gobierno del presidente Santos se apresta a un asalto militar sobre los manifestantes, prefiriendo el uso de la fuerza represiva y el tratamiento de guerra, que generará heridos y muertos sobre los manifestantes. Le hacemos responsable de los hechos que se presenten”, advierte el texto.

“Las comunidades movilizadas han manifestado su decisión de continuar resistiendo con todas las fuerzas de la Madre Tierra en los mismos puntos donde se encuentran, defendiendo su dignidad y sus derechos históricos políticos que le han sido negados. Asimismo se han solicitado a la Comisión Interamericana Derechos Humanos medidas cautelares para la protección de la vida”, informan las organizaciones. “Es inadmisible que un gobierno que está hablando de paz, le de tratamiento de guerra a las comunidades campesinas, étnicas y populares del país”.

El gobierno, por otra parte, se encuentra preocupado por los efectos económicos y políticos de la medida, a la que el lunes pasado se le sumaron los camioneros con sus reivindicaciones particulares, entre ellas el precio de los peajes y el combustible. De acuerdo a lo informado por El Espectador de Bogotá, 65 mil camiones están inmovilizados sólo entre Antioquia y el Valle del Cauca; y en otras regiones el panorama es similar.

En 2013, la represión al Paro Agrario dejó un saldo de 19 personas asesinadas, 85 heridas, y cerca de 600 privadas de la libertad, entre ellas el dirigente de FENSUAGRO y de la Central Unitaria de Trabajadores, Huber Ballesteros, quien aún continúa en la cárcel.

Desde ese momento hasta la actualidad, cientos de militantes sociales han sido asesinados por la violencia estatal o paraestatal. Sin embargo, a nivel internacional son muy pocos los medios de comunicación que hablan de Colombia y señalan estas situaciones. Por esta razón, el comunicado de la Cumbre Agraria cierra con un llamado a organismos nacionales e internacionales de carácter humanitario, para que los acompañen ante los hechos de violación de los derechos humanos “que se puedan presentar en estas circunstancias”.