El martes 28 de marzo se vivió un nuevo capítulo de una pelea que lleva varios meses. De un lado, los países alineados con la política exterior de Estados Unidos, que cuentan a su favor al secretario general de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, quien ha pasado de ser canciller del gobierno progresista de  José “Pepe” Mujica a un férreo aliado de los sectores más conservadores del continente, en sólo dos años. Del otro, Venezuela, apoyado por quienes rechazan la utilización de la Organización de Estados Americanos (OEA) para intervenir en los países de América Latina y el Caribe.

Convocada formalmente por 18 países liderados por EE.UU. -entre los que se encuentran Argentina, Brasil, Colombia, México y Honduras, entre otros-, la reunión de la OEA tenía como objetivo máximo iniciar el proceso de sanción a Venezuela ante lo que Luis Almagro ha descripto reiteradamente como una situación de ruptura del orden democrático. Previamente, el lunes 27 la canciller venezolana había protagonizado una sesión extraordinaria del Consejo Permanente del organismo en el que lanzó duras críticas a Almagro y expresó con vehemencia que Venezuela rechazaba de plano la intervención en asuntos internos de su país, piedra fundamental -al menos formalmente- de la diplomacia internacional, contenida en el artículo 1 de la Carta de la OEA.

Así las cosas, el martes 28 se sucedieron los discursos de los diferentes representantes, en una tensa sesión que culminó de modo confuso cuando varios países se retiraron ante la intervención del representante venezolano, Samuel Moncada.

Entre otros temas, Moncada señaló la condición de ilegítimo del gobierno de Brasil, surgido de un golpe de Estado permitido por la OEA y que había expresado que Venezuela tiene que “conseguir una democracia plena”. También le pidió a Colombia que “si quieren ayudar a Venezuela, entonces paren su producción de cocaína y paren el asesinato de campesinos” por parte de grupos paramilitares con ramificaciones hacia Venezuela. El retruque empalma con las denuncias de las organizaciones sociales colombianas, que reclaman por los miles de presos políticos y cientos de líderes asesinados. Sólo la semana pasada fueron detenidos 12 militantes de Congreso de los Pueblos. Y Marcha Patriótica denuncia el asesinato de más de 130 de sus integrantes en los últimos cinco años, de los cuales el 92% se encuentra en la impunidad.

“Están destruyendo el principio, la igualdad jurídica de los Estados y la defensa de la soberanía”, dijo el viceministro venezolano, quien además señaló que existían presiones públicas sobre países de la organización para que acompañaran la intervención. Se refería así a las amenazas del senador republicano Marco Rubio hacia Haití, El Salvador y República Dominicana, señalando que si respaldaban la soberanía de Venezuela serían sancionados con una reducción de la ayuda económica de EE.UU. Finalmente, pese a las presiones, los tres países expresaron su rechazo a la injerencia de la OEA. El representante de Haití incluso calificó a Almagro de “golpista” y dijo que se estaba intentando “un golpe de Estado maquillado contra Venezuela”.

Este argumento fue rechazado por las delegaciones que promueven la intervención. Entre ellos, el representante de México, quien consideró que el principio de no intervención no puede usarse “para esconder alteraciones al orden democrático ni para eludir responsabilidad sobre derechos humanos”, llamativo por cuanto México vive una situación compleja en materia de derechos humanos, con una crisis social a punto de eclosionar, masivas protestas contra el gobierno de Enrique Peña Nieto y miles de asesinados y desaparecidos.

En el fondo de la batalla dialéctica, quedó planteada una confrontación en ascenso entre el bloque de ALBA-TCP y Petrocaribe, por un lado, y los gobiernos alineados a la derecha del arco político, por el otro. De acuerdo a lo manifestado por diferentes voceros, en los próximos días estos últimos elaborarán una “hoja de ruta” para seguir avanzando con la intervención.

Venezuela consideró el fracaso de la reunión como una victoria propia, luego de una jornada intensa que incluyó una enorme movilización en Caracas en defensa de la soberanía del país.

A partir de los resultados electorales de los últimos dos años en la región, la política exterior de EE.UU. ha sumado países a su estrategia, pero la sesión evidenció que aún no logran alcanzar el número de 24 votos, que habilitaría al procedimiento de aplicación de la Carta Democrática. Mientras tanto, la ofensiva en la OEA cumple el papel de hostigamiento diplomático, con el sentido de aislar políticamente a Venezuela e instalar mediáticamente la necesidad de niveles mayores de injerencia.

En momentos en que EE.UU ha decidido aumentar el 10% su presupuesto militar, este camino lleva abre el interrogante de hasta dónde están dispuestos a llegar. El objetivo, se sabe, tiene que ver con la recuperación del petróleo y el realineamiento geopolítico de una región que siempre fue considerado “el patio trasero”.

Apoyo a Venezuela en Argentina

Poco antes del comienzo de la sesión, una delegación de movimientos de Argentina se congregó en la sede de la OEA en Buenos Aires. Allí, presentaron la adhesión de más de 40 organizaciones a la carta enviada por más de 160 organizaciones de Venezuela, representativa de diversos sectores sociales, que repudiaron la política de injerencia. Entre los adherentes que firmaron la carta se encuentran también personalidades como la Madre de Plaza de Mayo Nora Cortiñas, la periodista Stella Calloni y el filósofo Fernando Buen Abad, entre otros.

“Rechazamos la injerencia promovida por Luis Almagro y los gobiernos derechistas del continente, quienes permiten graves situaciones en Colombia, Honduras, México y Brasil y se alinean contra Venezuela por motivos estrictamente idelógicos, al servicio de EE.UU.”, expresó Manuel Bertoldi, del ALBA de los Movimientos Sociales. “Quien tenga dignidad tiene que expresar la condena a una política que quiere convertir a América Latina en una gran colonia norteamericana”, finalizó.